EFE
Docentes inician un paro en Panamá por el alza en combustibles y el bajo presupuesto
El Gobierno del presidente Laurentino Cortizo ha optado por congelar temporalmente el precio del combustible en 3,95 dólares el galón.
El gremio docente del sector público de Panamá comenzó este miércoles un paro nacional de 72 horas prorrogables, en medio de protestas callejeras por el alza de los combustibles y los alimentos y ante la respuesta "no satisfactoria" del Gobierno a problemáticas como el "bajo presupuesto" educativo.
"Hemos elevado este paro de 72 horas prorrogables para que las autoridades entiendan que el sector docente se mantiene más firme que nunca", declaró a Efe Abdiel Becerra, secretario de la Organización de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof).
Becerra explicó que están "indignados frente al alto costo de los combustibles y de cómo se han disparado los precios de la canasta básica familiar". Además, rechazaron lo que consideran "el total abandono del Ministerio de Educación ante las infraestructuras (educativas) y el nombramiento de personal" para este sector.
"Otros gobernantes han asumido posturas importantes, como el congelamiento del impuesto del petróleo, eso puede ser una alternativa en Panamá para rebajar los precios y dar un oxígeno a la población", dijo el dirigente.
El Gobierno del presidente Laurentino Cortizo ha optado por congelar temporalmente el precio del combustible en 3,95 dólares el galón (3,78 litros) a algunos sectores, en un intento por impedir el alza del pasaje en el transporte público y de los alimentos, sin mucho éxito.
Esta congelación por sectores del precio del galón de gasolina, que ha llegado a superar los 6 dólares, ha sido fuertemente criticada por gremios y analistas que proponen la suspensión del impuesto al combustible para que la medida beneficie a toda la población.
MÁS PRESUPUESTO PARA LA EDUCACIÓN
El paro nacional "decidido anoche" por las bases magisteriales es consecuencia de la "respuesta no satisfactoria" a un pliego de 32 peticiones presentado al Gobierno por los maestros y otros miembros de la llamada "Alianza Pueblo Unido por la Vida" el pasado 19 de mayo, dijo a Efe el secretario general de Asoprof, Fernando Ábrego.
Entre las peticiones presentadas están elevar a 6 % el presupuesto para la educación, actualmente del 3,5 % según el dirigente; el pago de deudas pendientes con los maestros y la dotación de las escuelas públicas, pues en ellas "se trabaja con las uñas".
El gremio docente está dispuesto "a sentarse en la mesa" para dialogar con el Gobierno, que "ha tenido tiempo desde mayo para buscarle" una salida a los problemas planteados, "pero presionando en la calle", afirmó Ábrego.
El anuncio de la huelga este miércoles se realizó al tiempo que grupos de maestros protestaron frente a una escuela en la capital de Panamá, y otros lo hicieron en distintas ciudades del interior.
El viernes pasado, maestros de la provincia de Veraguas comenzaron un paro que desde el lunes se fue extendiendo a otras regiones, pero con un seguimiento irregular y acompañado de protestas que en algunos casos fueron reprimidas con gases por la Policía Nacional.
La Defensoría del Pueblo informó este miércoles que abrió una queja de oficio contra la Policía Nacional para investigar el uso de la fuerza excesiva durante las protestas de educadores en Veraguas.
ANUNCIAN MÁS PROTESTAS
El grupo "Alianza Pueblo Unido por la Vida", que agrupa a casi una decena de sindicatos y organizaciones sociales, anunció protestas y piquetes en todo el país esta semana en contra del precio de combustible, e hizo un llamado a la huelga a todos los sectores que "puedan unirse".
"Además de protestas y caminatas en las calles, convocamos una marcha a la Asamblea Nacional (Parlamento), dijo el secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI ), Marco Andrade.
El alza del precio del combustible, que se revisa cada 14 días, generó una huelga de camioneros la semana pasada que produjo desabastecimiento de verduras y legumbres en casi todo el país, y que se suspendió tras un acuerdo del sector con el Gobierno que incluyó una compensación monetaria.
