Imagen referencial / Cortesía
Gobierno de Nicaragua sigue intentando acceder a fondos internacional ante la pandemia
Según APEN las políticas desarrolladas por el Gobierno dificultan que se puedan obtener estos fondos
La falta de información y poca claridad en el manejo de la emergencia sanitaria que mantiene el Gobierno desde los primeros casos de contagio de coronavirus, podría complicar el acceso a fondos económicos para que las autoridades nicaragüenses den respuesta a la pandemia, asegura Guillermo Jacoby, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (Apen).
“Si bien es cierto el Gobierno está impulsando una campaña para acceder a recursos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismo, pero no ha mostrado su estrategia en la contención del virus, mientras nuestros vecinos impulsan cuarentenas y otras medidas de alivio económico a sectores afectados, que están dando resultados ”, explicó el líder empresarial.
Desde marzo, el gobierno ha intentado acceder a 470 millones de dólares de parte del FMI, sin embargo, en su segundo intento se le volvió a negar.
En lo que va de la crisis de salud pública, dicho organismo ha desembolsado en Centroamérica más de 2,000 millones de dólares para que los países de la región puedan combatir el virus.
Para el economista Luis Murillo, los factores que están incidiendo en la negación de estos recursos, es que el Gobierno aún no declara una emergencia por la pandemia, ni ha beneficiado con alivio económico a sectores vulnerables ante efectos con la enfermedad.
"Estos organismos exigen a los gobiernos un sistema de información adecuado para ver la magnitud de los efectos del virus sobre su población y economía y en Nicaragua ocurre lo contrario no hay ningún dato oficial, todo es especulativo lo que hace difícil saber los focos de contagio y cómo contener la enfermedad", explicó Murillo.
Países como El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Honduras y Panamá han implantado políticas de asistencia a familias más vulnerables, suspensión temporal del pago de servicio de energía eléctrica, de operaciones no esenciales, así como fondos para la prevención de la enfermedad, con los fondos entregados por organismos como el FMI y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
