Cosep afirma que reforma a la Ley 698 afectará las sociedades mercantiles

La empresa privada de Nicaragua considera como "otra escotada" a la seguridad jurídica del país, la iniciativa de reforma y adiciones a la Ley 698, Ley General de Registros Públicos, para crear un registro de beneficiario final de sociedades mercantiles.

Según José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), esta iniciativa de reforma que fue remitida a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional es una propuesta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que “coloca en manos de las autoridades otra pistola que pueden utilizar en contra del empresariado”.

“Esto pone en riesgo a las sociedades mercantiles en general, cualquier persona, si esto (la reforma) queda, pierde el derecho de la privacidad, se pierde ese respaldo constitucional que tenemos sobre nuestra propia información”, expresó.

La reforma, de acuerdo al titular del Cosep, afecta la inversión, ya que no está limitada a un tipo de sociedad mercantil, por ejemplo, no sólo para la compra de propiedades sino a cualquier otro tipo de situaciones, además que creará incertidumbre y burocracia en el sistema de registro.

Aguerri aseguró que, aunque la reforma se sustenta en la recomendación número 24 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre los estándares internacionales para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo desde la transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas, esta tiene una “ausencia de enfoque basado en riesgo en materia de transparencia de sociedades mercantiles”.

El GAFI en su recomendación 24 señala que “las autoridades competentes deben ser capaces de obtener o tener acceso a tiempo, a información adecuada, precisa y actualizada sobre el beneficiario final y el control de las sociedades mercantiles y otras personas jurídicas (información sobre el beneficiario final) que son creadas en el país”.

A criterio del represente del sector privado, antes de pensar en una reforma, se debe garantizar el habeas data, y el derecho a la privacidad, la honra y reputación de las personas.

“Aquí lo que estamos haciendo es creando un sistema que será aplicado de manera indiscriminada a todas las sociedades con independencia de cualquier criterio que esté basado en riesgo, eso te abre a un problema adicional que es la usencia del deber de sigilo y confidencialidad en la institución a cargo de este sistema”.

Aguerri llamó también a considerar lo que establece el mismo GAFI en su recomendación número 1, donde indica que se tiene que constituir en base a una evaluación de riesgo que fundamente por qué se está haciendo.

“Se tiene que haber dado al menos un proceso de análisis, una evaluación, sobre el tema de los actuales y potenciales riesgos de lavado de dinero derivados del mal uso, abuso, falta de transparencia de las sociedades mercantiles en Nicaragua, indicando cuáles son esas carencias de información, o en qué aspecto las autoridades estatales a cargo del sistema de prevención se topan con dificultades, esto no lo hace el sistema, no lo hace esta propuesta”, señaló.

El déficit de información sobre la situación de las sociedades mercantiles, según Aguerri, es un problema sistémico que requiere de soluciones integrales y no de parches.

El titular del Cosep consideró que no se puede crear de la nada un sistema donde no se está atacando el tema de fondo, como la necesidad de modernizar, automatizar y actualizar de todo el sistema de registro de sociedades mercantiles para que sean más accesible, ágil y eficiente.