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Cosep recurrirá por inconstitucionalidad contra Ley de Agentes Extranjeros
La Ley entró en vigencia el 19 de octubre de 2020.
Michael Healy, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) anunció que introducirán ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Agentes Extranjeros que somete a las organizaciones a reportar los fondos que reciben del exterior.
“La Ley de Justicia Constitucional nos da facultad para interponer en un plazo no menor de 60 días nuestro recurso por inconstitucionalidad cuando no se está a favor de la aprobación de una Ley, eso haremos porque rechazamos las pretensiones del gobierno con la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros”, resaltó en conferencia de prensa Healy.
Según el gobierno, la Ley pretende evitar que los fondos hacia organizaciones sean utilizados en actos de injerencia o en actividades que generen inestabilidad social, económica y política en el país.
La Ley establece además que tanto las personas naturales como jurídicas deben entregar cada mes un informe con el reporte sobre gastos, pagos, desembolso, contrataciones y demás actividades vinculadas a su desempeño como agentes extranjeros.
El presidente del sector empresarial también se opuso a que la Ley deje sin facultades a personas jurídicas que reciban fondos del extranjero, así como la imposibilidad de tener aspiraciones políticas.
El 19 de octubre, la Ley entró en vigor y se ha extendido un plazo de 60 días para que las organizaciones se inscriban en el Registro de Agentes Extranjeros, entidad a cargo del Ministerio de Gobernación, de lo contrario se aplicarán multas o se procederá a retirar la personería jurídica de las mismas.
La Ley de Agentes Extranjero fue consultada únicamente con instituciones afines al Gobierno: Ministerio de Gobernación (Migob), Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), Unidad de Análisis Financiero (UAF), Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), Banco Central de Nicaragua (BCN) y la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif), dejando por fuera a sectores de oposición.
