Expresidente del Cosep no cree que banca privada acoja reforma a Ley de Consumidores

José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), considera que la reforma a la Ley de Protección a los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, Ley 842, pone en una situación muy delicada a la banca privada y empresas que prestan servicios financieros en el país.

A su juicio “esta es una reforma que quiere proteger de alguna manera a los sancionados y el costo lo vamos a pagar si eso sigue así y no se cambia, lo vamos a pagar una vez más todos los nicaragüenses”.

A título personal, coincide que una vez aprobada esta reforma, las empresas de este sector deberán escoger entre cumplirla u obedecer los tratados y normas internacionales que rigen a la banca internacional.

No obstante, cree que el sector financiero en el país no se arriesgará a acoger esta reforma a la normativa nacional pues a como fue concebida los obligaría a prestarles sus servicios a cualquier funcionario y entidad del Estado, incluso aunque esté sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Al respecto, refirió, que “la banca privada no puede bajo ninguna circunstancia acoplarse a esa reforma de Ley” ya que esto para las empresas del sector sería aceptar una sentencia que las puede llevar a estar fuera del sistema financiero internacional.

“Yo no veo que la banca nicaragüense en ningún momento se vaya a acoplar, todo lo contrario, si yo fuera banquero obviamente ya estaría pronunciándome en contra de esta Ley”, sostuvo.

Con la aprobación de esta enmienda a la Ley 842, advirtió también que existe un alto riesgo de que Nicaragua sea excluida de la lista de países que conforman el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.

Para Aguerri, las consecuencias de la reforma serían devastadores ya que afectaría no solo a las empresas del sector sino también a sus usuarios debido a que existe un alto riesgo de que las corresponsalías bancarias que tiene la banca privada de Nicaragua a nivel internacional sean cerradas.

“Eso lo que nos deja es sin poder hacer trámites, por ejemplo, a un nicaragüense que está en Estados Unidos que (no) pueda mandar sus remesas a Nicaragua, eso significaría que una empresa que quiera hacer una transacción para poder vender su café a una empresa en el mundo, entonces se cierre esa posibilidad y prácticamente nos aísle del mundo y tenga un impacto brutal en relación a los 6 millones de nicaraguenses”, alertó.

Hasta el momento, la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), no ha emitido una postura oficial sobre la iniciativa de reforma, pero Aguerri no descartó que puedan hacerlo en los próximos días y que el sector considere recurrir por inconstitucional contra esta reforma ante la Corte Suprema de Justicia.

El problema en introducir un recurso por inconstitucionalidad en contra de la reforma, según Aguerri, “es que recurrís al juez y parte, en este caso, es el mismo que mandó a hacer esta reforma de Ley".