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Moody’s podría establecer estatus de riesgo para Nicaragua por reforma a Ley de Consumidores
Actualmente, la situación financiera de los bancos es “estable”, pero puede cambiar a corto plazo con la aplicación de la Ley 842.
Economistas nicaragüenses temen que la reciente reforma a la Ley 842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, incida para que la agencia calificadora de riesgo Moody's en su próximo informe cambie el estatus para Nicaragua.
Actualmente, el estatus del país se mantiene estable, pero el temor de los expertos es que pase a uno "de riesgo" si el país se incluye en la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), al promover actividades de lavado de activos por medio del sistema financiero.
Alejandro Aráuz, economista independiente, plantea que aunque la Ley no ha sido aplicada a los bancos, la misma a nivel internacional está creando incertidumbre entre las agencias calificadoras de riesgo y las agencias internacionales que otorgan préstamos.
“Lógicamente, esta Ley 842 tendría implicaciones muy fuertes en la imagen de riesgo país, así como en las relaciones jurídicas que sostiene la banca con el resto de bancos a nivel internacional”, expresó Aráuz.
El temor del experto es que el país quede aislado en temas como libre comercio, la globalización y el desarrollo sostenible.
Moody’s a la fecha no ha completado la revisión periódica de Nicaragua, por lo que se mantiene el mismo estatus de "estable" para el país.
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La agencia calificado sostiene que el perfil crediticio de Nicaragua está respaldado por la fortaleza económica “B3”, que refleja el pequeño tamaño de la economía, los bajos niveles de ingresos y el debilitamiento del crecimiento, primero debido a una crisis política y más recientemente debido a la pandemia del coronavirus.
Quienes poseen esta calificación son naciones con pocas perspectivas de recuperación y especulativas para nuevas inversiones.
El también economista independiente Luis Núñez, reconoce que la situación financiera de los bancos es “estable”, pero puede cambiar a corto plazo con la aplicación de la Ley 842.
“En un próximo informe no descarto que la calificación de Moody's sea negativa y vaya a trastocar las relaciones que mantiene el sistema financiero nacional con las corresponsalías internacionales. Sería un retroceso en la lucha contra el lavado de activos en la que ha trabajado el sistema financiero en Nicaragua”, explicó Núñez.
La reforma a la Ley 842 pone a todas las instituciones de Gobierno en calidad de consumidor y restablece el derecho de acceso al sistema financiero nacional, lo que deja abierta la posibilidad de que organismos y personas sancionadas accedan a los servicios de la banca.
La Asociación de Bancos Privados (Asobanp), y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), rechazaron esta reforma por el riesgo que implica que la banca nacional pierda sus corresponsalías internacionales y sea incluida en la lista negra del GAFI.
De momento, ni la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Siboif), ni la Comisión Nacional de Microfinanzas (Conami), ha obligado a los bancos y resto de empresas prestadoras de servicios financieros a restablecer nexos con los sancionados.
