Ley de Consumidores crea incertidumbre en atracción de nuevas inversiones, según experto

Guillermo Jacoby, presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centroamérica y El Caribe (Fecaexca), teme que la reforma a la Ley 842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias pueda ahuyentar este 2021 la atracción de nuevas inversiones extranjeras directas (IED) en Nicaragua.

La reforma que sufrió la Ley 842, solicita a la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Siboif) y la Comisión Nacional de Microfinanzas (Conami), a que el sistema bancario y el resto de empresas prestadoras de servicios financieros restablezcan sus operaciones con todas las instituciones del Estado, por lo que expertos consideran que deja abierta la posibilidad de que activen las cuentas de funcionarios y familiares del Gobierno sancionados.

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“La banca de Nicaragua es el mecanismo que hay para transar los bienes y servicios para que de esta forma se pueda establecer también inversiones en el país. Si ahora se da el escenario en que la banca se pone en riesgo por hacer este tipo de gestiones, los inversores podrían simplemente no poner su capital a disposición del país”, manifestó Jacoby.

Sin embargo, Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional defendió dichas reformas, en la cual ahora las instituciones pasan a tener el rol de consumidores.

El parlamentario explicó, que el Estado tiene la facultad de defender el derecho de los consumidores para que el mismo pueda acceder a los servicios que ofrecen los distintos sectores.

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), ya había alertado que los bancos podrían correr el riesgo de perder las corresponsalías internacionales si acatan los nuevos estatutos de esta Ley, que son las que garantizan las transacciones de un país a otro.

“La verdad es que estos son solo argumentos para crear miedo, inestabilidad y zozobra entre la población nicaragüense. Un banco, una institución financiera, debe cumplir con el ordenamiento jurídico nacional porque está enmarcado en nuestra Constitución. Si algún contrato con un agente contradice nuestras leyes, los bancos tendrían que acomodarlos”, explicó Gutiérrez durante una entrevista a un medio de comunicación.

Las reformas y adiciones que sufrió la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias ya fue publicado en La Gaceta, Diario Oficial, no obstante, hasta ahora la banca no ha sido obligada a restablecer las cuentas y las relaciones comerciales con los funcionarios e instituciones sancionadas.

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Extraoficialmente se maneja que la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), estaría recurriendo a un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley por considerar que pone en riesgo a Nicaragua de ser incluida en la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), por incitar a realizar actividades ilícitas, lo que implicaría aislar a la banca del resto de bancos internacionales.