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Cosep rechaza reformas electorales y elección de nuevos magistrados del CSE
Los empresarios señalaron que la continuidad del Gobierno sandinista bajo un proceso electoral ilegítimo impedirá encontrar soluciones a la crisis política
La principal patronal de Nicaragua criticó al partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y a sus diputados en la Asamblea Nacional, al acusarlo de evitar la celebración de elecciones libres en noviembre.
"Rechazamos y denunciamos ante la comunidad nacional e internacional las acciones que el partido de Gobierno está ejecutando a través de la Asamblea Nacional para evitar que los nicaragüenses podamos gozar de un proceso electoral libre, transparente, competitivo y observado", señaló el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), en una declaración.
La patronal rechazó las reformas electorales promovidas y aprobadas por los sandinistas esta semana, así como la elección de nuevos árbitros electorales, en su mayoría afines al oficialismo.
En la víspera, los legisladores sandinistas y sus aliados políticos, que son mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, aprobaron unas reformas a la Ley Electoral que anulan la observación electoral para dar paso a la figura limitada del "acompañamiento".
Además inhiben a los candidatos que aplaudan las sanciones internacionales contra el presidente Daniel Ortega y sus allegados, limitan la financiación electoral y restringen derechos constitucionales.
Adicionalmente reeligieron a dos magistrados del Consejo Supremo Electoral y eligieron a otros ocho, en su mayoría sandinistas lo que garantizó que el cuerpo arbitral de los comicios continúe estando formado de miembros del FSLN o personajes descritos como aliados, de acuerdo a los opositores.
De dichas acciones "se puede inferir la voluntad política del Gobierno de mantener un control partidario total de los organismos electorales y de limitar por medio de inhibiciones inconstitucionales la participación de los partidos y candidatos de la oposición, para garantizarse todas las condiciones y ventajas que les permitan ilegítimamente continuar en el poder en detrimento de la voluntad popular", sostuvo el Cosep.
Las acciones del Gobierno y las reacciones del conglomerado empresarial se dan en el marco de una crisis social, política y de derechos humanos que comenzó en abril de 2018, cuando protestas multitudinarias contra el presidente nicaragüense fueron reducidas por ataques armados de policías y civiles afines al sandinismo que dejaron cientos de muertos, presos o desaparecidos.
Los empresarios señalaron que la continuidad del Gobierno sandinista bajo un proceso electoral ilegítimo impedirá "encontrar soluciones a la crisis política, social, económica y sanitaria que enfrentamos; desaprovechando de esta forma, la oportunidad histórica de contribuir a la solución, cívica, pacífica y democrática que demandamos todos los nicaragüenses".
