Aprueban nueva Ley Correduría de Bienes Raíces de Nicaragua
Establece tasas por servicios que los corredores de bienes y raíces deben pagar al Mific en peso centroamericano que tiene un valor igual al dólar estadounidense.
La Asamblea Nacional aprobó este miércoles una iniciativa de Ley que deroga la actual Ley 602, Ley de Correduría de Bienes Raíces de Nicaragua, aprobada en julio del 2007 y la reemplazó con otra normativa que lleva el mismo nombre y que entre otras cosas, establece tasas por servicios que las empresas de correduría y bienes raíces y personas naturales que se dedican a esta actividad económica deben pagar ante el Ministerio de Fomento Industria y Comercio (Mific) en peso centroamericano que tiene un valor igual al dólar estadounidense.
La iniciativa de ley enviada por el poder ejecutivo establece los montos de las tasas por servicios van desde los US$10 hasta los US$400 dólares, que deberán ser pagados en su equivalente en dólares del cuerdo al tipo de cambio oficial actual.
Este marco regulatorio también establece el pago de multas a los corredores de bienes raíces y sus agentes que incumplan con la misma. Las infracciones leves se sancionarán con una multa de US$100 dólares y las graves con US$350 dólares.
“Los fondos percibidos por las tasas de los servicios brindados y por la multa se utilizarán para el fortalecimiento institucional del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio”, indica la iniciativa de ley aprobada.
En su Artículo 32, como disposición transitoria, la normativa establece que una vez entre en vigor, se dará un plazo de 90 días a las personas naturales y jurídicas que se dedican al corretaje de bienes y raíces para solicitar la Mific la licencia de Corredor de Bienes y Raíces, de lo contrario incurrirán en faltas establecidas en dicha Ley.
Asimismo, una vez en vigor, las empresas corredoras ahora estarán obligadas a reportar transacciones de riesgo o sospechosas, lavado de Activos, Financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
De acuerdo a lo que plantea la exposición de motivos de dicha iniciativa, esta nueva normativa se hace necesaria para fortalecer el ordenamiento jurídico que permita garantizar la seguridad jurídica y transparencia de las operaciones que conllevan estas actividades entre los dueños de bienes inmuebles, el corredor, el agente de bienes raíces y el público consumidor respectivamente.
“Aprobar una iniciativa de esta naturaleza, manda un mensaje claro y contundente de cero tolerancias a la narco actividad, al crimen organizado y al blanqueo de capitales”, afirmó el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez.
Mencionó a su vez que, “el primer gran elemento que hay que destacar con esta nueva Ley es que ya no es facultad de una Comisión Técnica de Bienes Raíces, la fiscalización, el otorgamiento, la suspensión y las cancelaciones de estos agentes y corredores que intervienen en el negocio de los bienes y raíces, sino que ahora le va a corresponder basándonos en el Artículo 5 de esta nueva iniciativa al Ministerio de Fomento Industria y Comercio a través de la Unidad de Correduría de Bienes y Raíces”.
No obstante, el legislador aclaró que, a pesar este cambio, este Comité Técnico de Bienes y Raíces que se creó con la primera Ley 602 en el año 2007, continuará existiendo, pero como un órgano consultivo coordinado por el Mific al que podrán concurrir el Ineter, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom), la misma UAF y un representante de las entidades gremiales empresariales del sector de corredores de bienes y raíces.
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