Referencia
Bancos deberán actualizar estado crediticio de clientes tras cancelar deudas
La modificación busca corregir información desactualizada en la Central de Riesgo.
Las instituciones financieras estarán obligadas a actualizar el historial crediticio de sus clientes en un plazo máximo de dos meses una vez que estos hayan cancelado sus deudas. Así lo establece la reciente reforma a la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, aprobada esta semana en la Asamblea Nacional.
La modificación busca corregir información desactualizada en la Central de Riesgo, que en muchos casos ha impedido a los consumidores acceder a nuevos créditos a pesar de haber saldado sus obligaciones financieras.
Según los legisladores, esta reforma garantizará que los clientes no sean considerados deudores morosos una vez que hayan obtenido el finiquito correspondiente.
Podrán solicitar créditos
De esta manera, quienes han cumplido con sus compromisos podrán solicitar préstamos en otras entidades bancarias, financieras o acceder a créditos para la adquisición de bienes sin que su historial refleje deudas inexistentes.
El presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, Wálmaro Gutiérrez, explicó que esta reforma es una respuesta a una problemática recurrente en la población.
"Con esta ley queda claro que, una vez liquidado el crédito, la entidad financiera tendrá un máximo de dos meses para actualizar la información en la Central de Riesgo. Esto evitará que un cliente que ha honrado sus deudas continúe siendo señalado como moroso, lo que le dificultaría acceder a nuevos financiamientos", indicó.
La actualización oportuna del estado crediticio permitirá que los consumidores cuenten con un historial financiero ajustado a su realidad.
Esto les facilitará acceder a créditos en mejores condiciones y contribuirá a dinamizar la economía, al permitir una mayor circulación de recursos en el sistema financiero.
Las reformas a la Ley General de Bancos también buscan fortalecer la transparencia en la gestión de la información crediticia y garantizar los derechos de los usuarios.
Con esta disposición, se espera que las entidades financieras cumplan con su obligación de reportar con mayor precisión y en los plazos establecidos, evitando que los clientes enfrenten obstáculos injustificados al momento de solicitar nuevos préstamos o adquirir bienes a crédito.
