¿Qué pasará si Trump logra poner fin al DACA?
Este martes la Corte Suprema estadounidense escuchó los argumentos sobre si el DACA, debe seguir o cancelarse.
La Corte Suprema de Estados Unidos, prolongó hasta 2020 la decisión de si cancelar o no el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), por sus siglas en inglés.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump intenta acabar con el DACA desde septiembre de 2017, sin embargo esta es una decisión que está en manos de la Corte Suprema.
Este martes la Corte Suprema estadounidense escuchó los argumentos sobre si el DACA, debe seguir o cancelarse.
De aprobarse la cancelación del DACA al menos 700,000 inmigrantes indocumentados que actualmente cuentan con permisos de trabajo, préstamos universitarios y licencias de conducir, podrían perder estos beneficios, en incluso ser deportados si no tienen residencia.
Se espera que el fallo sobre DACA lo de la Corte Suprema la próxima primavera en medio de las elecciones presidenciales de 2020 .
Un grupo de personas que actualmente están beneficiadas con el DACA se apostaron este martes en el edificio de la Corte Suprema de Justicia en Washington para demandar que el programa no sea cancelado.
El el DACA fue creado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama con el fin de proteger a quienes llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad.
Según un análisis, elaborado por los investigadores del Instituto de Política de Migración (MPI) Jie Zong y Jeanne Batalova, el 31 de enero de 2019, aproximadamente 680,000 personas mantenían el estatus de DACA.
Ese número “es una parte considerable de los cerca de 800,000 que obtuvieron la aprobación entre agosto de 2012 -cuando empezó el programa promulgado por el expresidente Barack Obama- y septiembre de 2017”, cuando la administración del presidente Donald Trump anunció su cancelación, señala el reporte.
La Cámara de Representantes, dominada por los demócratas, aprobó el pasado cuatro de junio un proyecto de ley para legalizar a cientos de miles de inmigrantes que viven en Estados Unidos, una normativa que tiene pocas posibilidades de pasar en el Senado y que el Ejecutivo ya advirtió que vetará.
La legislación busca otorgar protección permanente a los “soñadores”, como se conoce a los jóvenes que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños.