EFE
Víctimas de esterilización forzada durante Gobierno Fujimori esperan justicia en CorteIDH
Centro de Derechos Reproductivos (CRR), la organización feminista Demus y CEJIL, expresaron su reconocimiento a que el caso se juzgue tras 26 años de "búsqueda de verdad".
Las hijas de Celia Ramos, fallecida en 1997 tras haber sido esterilizada forzosamente durante el Gobierno de Alberto Fujimori, junto con organizaciones y activistas de derechos humanos, expresaron este jueves su esperanza de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) haga justicia y reparaciones tanto en este caso, como en los otros miles denunciados.
"Me siento contenta porque, después de tantos años, por fin internacionalmente se reconoce de alguna manera la responsabilidad que tiene el Estado peruano de reconocer la verdad de los hechos, no solo del caso mi mamá, sino todo lo que sucedió alrededor de ese programa", dijo Marisiela Monzón Ramos, hija de la víctima.
En una rueda de prensa desarrollada en la sede limeña de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), tanto la familia como organizaciones que han acompañado a la familia de Ramos en el proceso; el Centro de Derechos Reproductivos (CRR), la organización feminista Demus y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), expresaron su reconocimiento a que el caso se juzgue tras 26 años de "búsqueda de verdad".
A juicio de Monzón Ramos, este proceso "marca un paso significativo en el proceso de esclarecimiento y reparación en favor de Celia Ramos, su familia y todas las mujeres que sufrieron debido a una política estatal cruel y sistemática", afirmaron las organizaciones en un comunicado conjunto.
Ramos murió en 1997, 19 días después de haber sido sometida a una operación de ligadura de trompas, cirugía que se complicó y acabó con su vida.
Durante el segundo periodo de Gobierno de Fujimori, entre 1995 y 2000, el Ejecutivo peruano implementó un Programa Nacional de Planificación Familiar y Salud Sexual y Reproductiva, que realizó esterilizaciones forzadas a más de 200.000 personas, la mayoría quechua-hablantes, pobres y campesinas.
"Soy testigo, en esa edad que tenía, de que mi mamá fue presionada a tal punto tuvo que acceder a hacerse esa operación, la mala información fue tal que la operación de la ligadura de trompas fue comparada con una extracción de muela. Lo tengo mi claro en mi recuerdo", relató Monzón al añadir que su madre aceptó tras insistencias y visitas del persona de salud, pero su madre no quería someterse al procedimiento.
Por su parte, el abogado de Demus Milton Campos, explicó que informes de lo sucedido por parte de autoridades como el Ministerio de Salud o investigaciones del Congreso llegaron a la conclusión de que el mismo día de la operación de Ramos, que ocurrió "contra su propia voluntad", otras 15 mujeres fueron intervenidas en una posta de salud que no estaba preparada para este tipo de intervenciones.
LARGA LUCHA JUDICIAL
"Tenemos grandes expectativas, la CorteIDH ha mirado el caso y eso significa mucho para todos y significa que tanto hemos tenido que hacer para buscar justicia fuera de nuestro país, lo que muestra que el sistema nacional deja mucho que desear y no tenemos apoyo aquí. Esperamos ahora por fin nos lleguen esos resultados favorables para nosotros después de la lucha tan larga", dijo Monzón.
Lucía Hernández, asesora Legal del Centro de Derechos Reproductivos de CRR, se refirió a que la sentencia de la Corte debe buscar los responsables de estas políticas que "anulaban la autonomía reproductiva de mujeres de orígenes humildes bajo coacción y amenazas" y que la sentencia debe garantizar que este tipo de sucesos vuelvan a tener lugar en el futuro.
"Que el caso llegue a la corte, es una oportunidad única para que las hijas de Ramos puedan ser escuchadas, puedan avanzar en la reparación de justicia y la sentencia podría desarrollar estándares que se pueden implementar en Perú para otras casos esta deuda histórica que Estado tiene con ellas", concluyó la abogada de Demus María Ysabel Cedano, al indicar que se trata de "un megacaso" que incluye más de 3.000 personas denunciantes.
