Fotografía de archivo de dos mujeres mientras caminan en las afueras de Quito (Ecuador). /EFE
En Ecuador una de cada tres mujeres no tiene ingresos propios, según un estudio
ISOQuito es un ránking que nació en 2007 y que se realiza con distintos indicadores para medir la desigualdad de género en la región latinoamericana.
En Ecuador, una de cada tres mujeres no tiene ingresos propios, lo que representa al 33 % de ellas frente al 14 % de los hombres que viven en el país andino, según el informe ISOQuito 2024, presentado este viernes en la capital ecuatoriana.
Los datos del estudio ‘Autonomía y empoderamiento de las mujeres en Ecuador: Monitoreo ISOQuito 2024’, Elaborado por las organizaciones Articulación Feminista Marcosur y Cotidiano Mujer con el apoyo de ONU Mujeres, se dieron a conocer en la sede de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), en Quito.
Donde Constanza Moreira, política uruguaya y parte del equipo técnico del informe, alertó de las consecuencias de esta brecha de género en la vida de las mujeres.
“Lo más importante para las mujeres es la autonomía económica (porque) una persona que depende de las decisiones económicas de otros está subordinada en casi todos los ámbitos”, y alertó de que “esta conquista está pendiente todavía”.
ISOQuito es un ránking que nació en 2007, y que se realiza con distintos indicadores para medir la desigualdad de género en la región latinoamericana de acuerdo a los consensos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Se creó con el fin de garantizar el seguimiento de la situación de las mujeres y desde el inicio se propuso definir dimensiones que sustentaran la comparabilidad entre los países apoyándose en tres pilares: la autonomía económica, la autonomía física y la autonomía en la toma de decisiones.
Crece la feminización de la pobreza
En lo que respecta a la autonomía financiera, Moreira también apuntó que la tasa de participación de las mujeres de entre 25 y 59 años en el mercado laboral fue del 64,3 % en 2020, en comparación con el 94,7 % de los hombres.
Y anotó que la maternidad y las tareas de cuidados, que recaen en mayor medida en ellas, influyen en que éstas no participen en el mercado laboral en la misma proporción que ellos.
Con el fin de revertir esta situación, la uruguaya pidió mayor flexibilidad en las licencias laborales, así como adoptar una perspectiva feminista en el diseño de las políticas públicas.
En este sentido, Moreira recordó que estos datos no representan del todo la realidad, ya que este monitoreo no refleja el porcentaje de mujeres que trabajan en la economía informal, lo que impide que éstas puedan acceder al sistema público de salud o a derechos laborales. Es por ello que llamó a “formalizar el mercado laboral”.
También señaló que el índice de la feminización de la pobreza (la proporción de mujeres que se encuentran en pobreza respecto al de los hombres) en el país alcanzó el 118,3 % en 2020, la cifra más alta desde que se realiza este informe, ya que en 2007 el índice era del 109,8 %; en 2010, del 111,5 %; en 2014, del 117,6 %; y en 2018, del 116,1 %.
Avances en la paridad política
En cuanto a la educación de las mujeres, Moreira destacó que el 53 % de ellas tiene el nivel secundario, si bien reconoció que hay que seguir trabajando para que el mayor número posible de mujeres mejore su formación educativa.
Por su parte, en lo relativo a la autonomía en la toma de decisiones, la técnica de ISOQuito 2024 expuso que Ecuador ha vivido una evolución en relación con la paridad política.
Según los datos que aportó, en 2023, las mujeres representaron el 38,7 % en el órgano legislativo nacional, el 50 % en los gabinetes ministeriales, y el 38,1 % en la Corte Suprema.
Tras exponer todos estos datos, Moreira llamó a las organizaciones sociales y feministas a que tomen en consideración estas cifras para realizar sus demandas de cara a las próximas elecciones generales de 2025.
En la presentación del informe también participó la representante de ONU Mujeres en el país, Ana Elena Badilla, quien incidió en la necesidad de recopilar todos estos datos para exigir políticas públicas con enfoque de género y facilitar así la rendición de cuentas.
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