Nicaragua: a un año de las protestas de abril

Nicaragua cumple un año de su peor crisis en décadas. Todo inició un 18 de abril del 2018 donde un grupo de manifestantes convocados por redes sociales llegaron a protestar en Camino de Oriente en rechazo a las reformas a la seguridad social que se habían hecho en ese momento por decreto presidencial.

La represión de ese día por parte de simpatizantes del partido de gobierno motivó a que más nicaragüenses levantaran su voz por medio de las protestas cívicas.

Ya el 19 de abril, se convierte en un día histórico para muchos nicaragüenses que se armaron de valor y coraje por salir a luchar a las calles, sin importar el despliegue de antimotines por la capital.

Para muchos el 19 de abril se convirtió en un día lleno de luz y esperanza, pero a la vez el más oscuro de la historia reciente de Nicaragua, ese día jóvenes y adultos fueron detenidos y otros desaparecieron por manifestarse contra las políticas antigubernamentales. También ese día se reportaron los primeros muertos de la represión policial.

A las 6 de la tarde, Richard Eduardo Pavón, de 17 años, fue la primera víctima seguido de Darwin Manuel Urbina y Hamilton Manzanares; este último era policía.

Ya el 20 de abril, cayó en las cercanías de la Universidad Nacional de Ingeniera, UNI, el adolescente de 15 años de edad Álvaro Conrado, quien se disponía a llevarle agua a los jóvenes atrincherados en esa casa de estudios.

El 23 de abril, el Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, convocó a una gran marcha donde el pueblo acudió masivamente para condenar los 40 jóvenes asesinados durante el cuarto día consecutivos de levantamiento social.

Ese día la movilización avanzó hasta la Universidad Politécnica de Nicaragua, Upoli, bastión de la resistencia estudiantil.

En los meses siguientes, las calles, avenidas y lugares más transitados fueron escenario de protestas y tranques que evitaban el ingreso de policías y parapolicías a los barrios y ciudades donde había fuerte levantamiento social.

El 14 de mayo de ese mismo año, el gobierno autoriza el ingreso al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un mes después ese organismo presenta su primer informe sobre los actos de violencia ocurridos en el contexto de la protestas e informa que las acciones represivas del Estado habían dejado al menos 212 personas muertas hasta el 19 de junio, 1,337 heridas y 507 personas privadas de libertad.

Al terminar su misión en Nicaragua, la misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos visitó Nicaragua, pero a una semana de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas discutiera la crisis de nuestro país, el presidente Daniel Ortega expulsó a esta delegación que presentó un demoledor informe que responsabiliza al Gobierno de graves violaciones a los derechos humanos.

Mientras la crisis se prolongaba la Organización de Estados Americanos, OEA, la Organización de las Nacionaes Unidas, ONU, así como los gobiernos de otras naciones condenaron las acciones del Presidente Ortega; mientras en Nicaragua a diario ciudadanos autoconvocados desaparecían y otros eran llevados a las celdas de El Chipote, cárcel conocida por denuncias de torturas físicas y psicológicas.

A solicitud del gobierno, el 16 de mayo de 2018 se crea un diálogo nacional para buscar una salida a la crisis de esos meses donde participa la iglesia católica, los universitarios, empresarios, sociedad civil y los campesinos.

El proceso continuó por un mes y medio y luego fue suspendido por falta de acuerdos.

Tras todos esos acontecimientos, en Managua, la organización Madres de Abril convocan a una marcha el 30 de mayo, día de las madres nicaragüenses, sin saber que esa fecha se convertiría en una de las más trágica de la nación; al menos 80 jóvenes universitarios fueron asesinados por la policía y antimotines quienes dispararon en la cabeza y tórax, según informes internacionales como la CIDH.

El 14 de junio, las cámaras empresariales aglutinadas en el Cosep, llaman al primer paro nacional de 24 horas para ejercer presión al gobierno y cesar la ola de represión y violencia en Nicaragua. Meses después se realizó un segundo y tercer paro, al que el gobierno lo tildó de terrorismo económico durante un discurso a sus simpatizantes sandinistas.

Ese mismo mes otra tragedia enluta al pueblo nicaragüense, una vivienda en el Barrio Carlos Marx es calcinada y mueren 6 integrantes de una misma familia, provocando también conmoción a nivel internacional.

El 13 de julio, la liberación de los tranques ocasionó una de los ataques más despiadados contra los estudiantes atrincherados en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-Managua, donde parapolicías atacaron la iglesia de la Divina Misericordia en la que fallecieron dos jóvenes universitarios. El templo religioso quedó destruido con agujeros de balas de alto calibre.

Los próximos meses el país se vio sumergido en una crisis social y de violencia en las calles que no terminaban y encaminó al país en un deterioro económico que obligó a muchas empresas a cerrar operaciones o a suspender temporalmente a sus colaboradores.

El año 2018, finalizó con violaciones a los derechos humanos, censura contra los medios independientes, cierre de ONGs, movilizaciones prohibidas y cientos de familias sin poder pasar esa navidad al lado de sus hijos y seres queridos asesinados en las protestas, tranques y universidades.

A un año de estos sucesos, las presiones de parte de los Estados Unidos y la Unión Europea son más latentes, quienes amenazan con aplicar condenas al gobierno del presidente Ortega. Estados Unidos aplicó en el 2018 la Nica Act y la Magniskit Act donde funcionarios allegado al mandatario nicaragüense recibieron sanciones de manera directa y personalizada.