Instalación de comisiones de paz podrían ser un aparato de espionaje en los barrios, dicen expertos

La vicepresidenta Rosario Murillo ordenó la conformación de “comisiones de paz, justicia y reconciliación” a nivel nacional, cuyo objetivo para el analista político Edgar Parrales es el de convertir a la población de los barrios nicaragüenses en un aparato estatal para que apoyen al actual gobierno.

“Quieren convertir a la población en una masa anónima que trabaje en pro del pensamiento de ellos como partido político y cortarles su capacidad de pensar, de decidir y su libertad”, enfatizó Parrales.

“Es un esfuerzo que tendrá algunos efectos porque desgraciadamente aún tiene bases sólidas, pero hoy en día la mayoría de la población está decidida a retomar su papel actuante en la política, como el gestor de la política y la vida del país”, agregó el también exembajador Parrales.

A pesar de que la Policía Nacional ha sido fuertemente criticada por dirigir la represión en contra de la población; es esta misma institución la que se encargará de promover “el diálogo” en los barrios, junto a los Consejos del Liderazgo Sandinista y el Ministerio de Salud, lo que para los expertos representa desligarles de la responsabilidad de los más de 325 fallecidos reportados por organizaciones de derechos humanos por protestar en contra del gobierno.

“Querer utilizar a la Policía Nacional para este trabajo es un contrasentido, si es la policía la que ha reprimido al pueblo, la que ha cometido las violaciones a los derechos humanos, junto con los paramilitares”, expresó Parrales.

Para el analista político Bosco Matamoros, este aparato que utilizará el mandatario Ortega para buscar “reconciliación”, solo traerá gastos innecesarios al erario del Estado.

“Van a estar en los barrios personal de estas instituciones, quienes gastarán gasolina y alimentación porque este será un trabajo extra y lo que es peor innecesario, porque la verdadera reconciliación se va a conseguir primero desde el diálogo y cumpliendo acuerdo firmados”, dijo Matamoros.

Para los defensores de derechos humanos este nuevo aparato, podría significar nuevos agentes de espionaje desde los barrios, quienes tendrán vigilados a algunos excarcelados o a quienes la Policía Nacional tiene registrados como manifestantes antigubernamentales.

“Ya hemos tenido reportes de la presencia de trabajadores del Estado en los barrios tratando de concientizar a la población y hacerles ver que quienes se levantaron contra el gobierno según ellos son terroristas y golpista”, expresó Pablo Cuevas, asesor de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

Cuevas agregó, “esto podría aumentar el asedio y la persecución y la vigilancia a quienes estén en contra del Gobierno, tendrá un aparato de espionaje y lavado de cerebro en los barrios”.

La formación de estas comisiones se basan en la “Ley para una cultura de diálogo, reconciliación, seguridad, trabajo y paz”, aprobada en enero pasado por los diputados de la Asamblea Nacional.