Siete rutas que llevarían a la liberación total de los presos políticos

Diversos grupos de abogados defensores presentaron este martes una propuesta de siete "Rutas de salida legal para la liberación de las personas presas políticas".

La propuesta, según los abogados, es para "obtener una liberación definitiva, segura y con garantías para los presos políticos para que se hagan efectivas en un plazo de 1 a 15 días".

Otorgar amnistía y declarar la nulidad de los procesos judiciales en su contra no son las vías legales correctas para lograr la plena libertad de los prisioneros políticos en Nicaragua, advierten los defensores.

"Los abogados defensores rechazan la amnistía como salida política legislativa por considerar que esta abre las puertas a presumir una posible participación de las personas presas políticas en actividades delictivas y a la vez indica que la amnistía como estrategia política puede beneficiar a las personas que no se encuentran siendo procesadas, pero que posiblemente pudieron haber incurrido en delitos en el contexto de la crisis sociopolitica. Una amnistía cerraría las puertas a un verdadero proceso de justicia transicional en Nicaragua", señala la propuesta.

Declarar la nulidad de los procesos judiciales debe descartarse según los expertos en la materia pues "la nulidad invalida el proceso pero no la acción, lo que significa que posteriormente se puede ordenar la reapertura del proceso y con ellos se ubicaría a las personas excarceladas en una situación de inseguridad jurídica convirtiéndolos en rehenes permanentes de las negociaciones", señala el documento.

Estas "Rutas de Salidas" elaborada por los abogados fue entregada a los miembros de la Alianza Cívica quienes aseguraron que es la propuesta que plantearán al gobierno en la mesa del diálogo nacional para la liberación de los presos políticos, declaró Juan Sebastián Chamorro, miembro de esta organización.

Cada una de las rutas fueron elaboradas retomando la solicitud que el Gobierno de Nicaragua le extendió el pasado 20 de marzo de este año a la Secretaría de la Organización de Estados Americanos (OEA) de designar un garante en la mesa de negociación.

Asimismo, los defensores argumentan que la propuesta también se fundamenta en el "Acuerdo para la facilitación del proceso de liberación de personas privadas de libertad de conformidad al Ordenamiento Jurídico del país y las respectivas obligaciones internacionales de Nicaragua en este ámbito firmado el 27 de marzo de 2019 por el Gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica".