FOTO: CORTESÍA | Prensa Nueva Costa Rica.
Muerte de ciudadano nica en frontera con Costa Rica tensa relaciones entre ambos países
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua rechazó los señalamientos del Gobierno de Costa Rica.
Costa Rica elevó una "enérgica protesta" por el asesinato del ciudadano nicaragüense Rubén Loáisiga, supuestamente a manos de efectivos del Ejército de Nicaragua en suelo costarricense, lo que además ha sido calificado por San José como una "grave violación a la integridad territorial y soberanía nacional de ese país".
El asesinato de Loáisiga ocurrió el pasado 26 de agosto a unos 150 metros de la frontera con Nicaragua en el mojón fronterizo VI, ubicado en la Calle Chinchilla del Barrio San Sebastián de Pueblo Nuevo, Distrito de Pocosol, Cantón de San Carlos en Alajuela, según el gobierno tico.
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A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica aseguró que "dichos efectivos del Ejército de Nicaragua, según confirmaron testigos que presenciaron los hechos, dieron muerte en este sitio (Barrio San Sebastián) al ciudadano nicaragüense de nombre Rubén Loáisiga; cuyo cuerpo quedó en la zona y regresaron (efectivos del Ejército) posteriormente al territorio de Nicaragua".
Hasta ahora el Ejército de Nicaragua mantiene un rotundo silencio sobre esta denuncia.
Los que sí se han pronunciado rechazando las acusaciones de Costa Rica son la Policía Nacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, quienes señalan a la nación de "manipular la ocurrencia de un delito común con acusaciones falsas para tratar de encubrir el asesinato perpetrado por los miembros de las fuerzas públicas de Costa Rica ocurrido el pasado 12 de agosto en contra del ciudadano nicaragüense Henry Ruiz Ramos".
En su comunicado, las autoridades nicaragüenses aseguran que Rubén Loáisiga fue asesinado cuando intentaba huir junto con otros tres sujetos hacia Costa Rica supuestamente después de haber perpetrado un robo en una pulpería en el municipio de El Castillo, departamento de Río San Juan en Nicaragua.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) ha sugerido conformar una comisión binacional que investigue el caso.
