Diputados aprueban iniciativa de Ley para que DNP pase al Estado

El Gobierno de Nicaragua envió este sábado con carácter de urgencia a la Asamblea Nacional una iniciativa de Ley para Nacionalizar la Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP), empresa recientemente sancionada por Estados Unidos.

La iniciativa fue aprobada en el plenario con 73 votos a favor, 13 en contra y una abstención.

“Los inventarios pasan a ser propiedad total del Estado de la República de Nicaragua, los cuáles serán operados y administrados por la o las instituciones y/o empresas que el Estado a través del Ministerio de Energía y Minas autorice y/o delegue para tal efecto”, señala el documento.

Según el gobierno del presidente Daniel Ortega a través de esta Ley se “garantizará la continuidad de los inventarios, la distribución y el suministro de combustibles y productos derivados del petróleo a la población nicaragüense y a los agentes económicos”.

DNP fue sancionada el 12 de diciembre por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, junto a la empresa de seguridad Goliat e Inversiones Zanzíbar, S.A.

La sanción se extendió también para el hijo de la primera dama nicaragüense Rosario Murillo, Rafael Antonio Ortega Murillo.

¿QUÉ PODRÍAN HACER LOS SANCIONADOS PARA SEGUIR IMPORTANDO Y COMERCIALIZANDO COMBUSTIBLE?

Patricia Rodríguez, experta en temas de energía y medio ambiente, explicó que de acuerdo a la Ley aprobada este sábado, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) debe decidir a cuál o cuáles de las empresas abastecedoras de combustible que ya operan en el país se les venderá el inventario de la sancionada DNP.

“Lo que yo entendería es que tiene que ser una de las empresas que ya tienen licencia ante el MEM porque no es fácil crear una empresa y empezar a construir instalaciones para almacenar combustible. Entonces, el MEM tiene que autorizar a alguien que ya tiene autorización, digamos podría ser Puma, UNO, por poner un ejemplo”, sostuvo.

Al estar sancionada, DNP prácticamente desaparece como empresa, según Rodríguez.

Para que el Estado continúe importando petróleo y sus derivados, el MEM tendría que autorizar a otra empresa del Estado para realizar esta operación, de acuerdo a la especialista. No obstante, de hacer eso, dicha empresa estatal estaría altamente expuesta a ser sujeta de sanciones.

Otra posibilidad que la especialista señala es que el MEM se haga cargo de la importación de combustible o autorice a otro ministerio, sin embargo esto requeriría de una modificación o reforma a la ley para darle esa facultad al MEM.

“Las funciones del MEM son de política energética, de planificación, no tiene como facultad importar derivados de petróleo. Administra la empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel), tendrían que reformar la ley de alguna empresa del Estado para que tenga esta funcion de importación de derivados o tendrían que reformar las funciones de un ministerio o del mismo ente regulador (INE) para que también haga las funciones de importación y comercialización de derivados del petróleo”.

A pesar estas posibles “salidas” que el gobierno podría considerar para que el Estado se haga cargo de la importación y comercialización, Rodríguez la considera difícil de concretar ya que el Estado no cuenta con infraestructura e estaciones para almacenar los hidrocarburos.

“Lo más lógico, el escenario probable que yo le veo es que menaje estos inventarios una empresa privada ya con autorización y cuando se acabe el inventario (de DNP) ya sigue su curso normal con los inventarios propios”, añadió.