La iglesia católica de Nicaragua ha sufrido varios ataques / cortesía
Estados Unidos incluye a Nicaragua entre los países que violan la libertad religiosa
Estas designaciones destacan el compromiso de Estados Unidos de proteger a quienes intentan ejercen su libertad de religión, según el Departamento de Estado
Estados Unidos agregó a Nicaragua, Cuba, Nigeria y Sudán a la “Lista Especial de Vigilancia (Special Watch List, SWL)”, para investigar a los gobiernos que han participado o tolerado de violaciones graves a libertad religiosa.
A través de un comunicado del Departamento de Estado, Estados Unidos informó que adoptó medidas contra actores que violan la libertad religiosa, entre los cuales está el Gobierno de Nicaragua.
“La protección de la libertad religiosa es una de las máximas prioridades de política exterior del Gobierno del presidente (Donald) Trump. La persecución y la discriminación por motivos de religión o credo son fenómenos que existen en todas las regiones del mundo. Estados Unidos sigue trabajando con determinación para promover la libertad religiosa y contrarrestar abusos. Estas designaciones recientes contribuyen a esta importante tarea”, explicó el Departamento de Estado.
Estados unidos volvió a designar a Birmania, China, Eritrea, Irán, Corea del Norte, Pakistán, Arabia Saudita, Tayikistán y Turkmenistán como “países que concitan especial preocupación” conforme a la Ley de Libertad Religiosa Internacional, debido a que cometieron violaciones sistemáticas, continuas y aberrantes de la libertad religiosa”.
El Departamento de Tesoro además renovó la colocación de Comoras, Rusia y Uzbekistán a dicha lista de países en la que no existe libertad religiosa.
De acuerdo con el comunicado del Departamento de Estado estas designaciones destacan el compromiso de Estados Unidos de proteger a quienes intentan ejercen su libertad de religión o credo.
“Creemos que todas las personas, en todos lados y en todo momento, deberían tener derecho a vivir según se los dicta su conciencia. Seguiremos cuestionando a las entidades estatales y no estatales que procuran cercenar estos derechos fundamentales y actuando para asegurarnos de que respondan por sus actos”, expresa el comunicado del Departamento de Estado.
