Abogados y notarios públicos de Nicaragua llaman a desobediencia gremial

A desobediencia gremial convocaron profesionales del derecho hasta que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se pronuncie sobre el recurso por Inconstitucionalidad que presentaron universidades privadas en 2008 contra la Ley 588, Ley General de Colegiación y del Ejercicio Profesional.

Los abogados demandan también que el Tribunal supremo se pronuncie en relación a otro recurso que presentó el año pasado la organización Defensores del Pueblo contra la Reforma a la Ley 1002, Ley de Unidad de Análisis Financiero (UAF).

La normativa o acuerdo 451 emitida por la corte obliga a los abogados y notarios públicos a inscribirse ante la Dirección General Centralizadora de Información y Prevención (Dgcip) del Poder Judicial, pero organizaciones de abogados han convocado a no realizar este proceso hasta que la corte se pronuncie sobre los recursos antes mencionados.

El alto tribunal extendió una prórroga hasta el 28 de febrero de este año para que los abogados puedan inscribirse ante la Dgcip, una dependencia de la corte.

“Exhortamos a todos los abogados y notarios públicos a nivel general y nacional a la desobediencia gremial y los instamos a no inscribirse en tanto la ley recurrida no sea resuelta por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia”, expresó Rosalina Romero, abogada y notaria pública.

Julio Montenegro, coordinador de Defensores del Pueblo, organización que el año pasado presentó un recurso por incondicionalidad contra la reforma a la UAF, respaldó la desobediencia gremial.

“Siempre hay un primer momento para echar a andar la unidad (del gremio) y pienso que este es momento para hacerlo”, afirmó Montenegro.

De acuerdo a los abogados, la corte ampara sus circulares técnicas en la reforma a la UAF que exige a los abogados, notarios y contadores públicos reportar al poder judicial o UAF cualquier operación sospechosa de sus clientes.

Las actividades dudosas a las que se refiere la UAF, son las vinculadas al lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, lo que según los abogados, violenta el principio de ética y sigilo profesional que deben mantener con su cliente al prestar sus servicios.

Esta reforma a la UAF, según Romero, debió estar correctamente consensuada a través de una consulta general para que su aplicación surta el efecto de ley.

“No debemos cumplir esa ley (la UAF) ¿Por qué? Porque cuando el cliente llega a nuestra oficina solicita un servicio profesional. Nosotros no somos investigadores y no nos pueden obligar, trasladar una actividad que está delegada fundamentalmente en la policía, no en nosotros, nosotros no somos policías”, expresó la abogada.

Marlon Loáisiga, también abogado y notario público, explicó que a quienes realmente afecta la reforma a la UAF es la población en general.

“A nosotros nos limita la función del ejercicio notarial pero la población ya no va a poder hacer contrato de una compra-venta de una propiedad porque va a decir (las autoridades) que ya viene (esa transacción) destinado del lavado de dinero, de un desvío o de una actividad ilícita”, ejemplificó.

La Conformación de un Colegio de Abogados y Notarios que norme, dirija y administre al gremio podría aportar para beneficio y protección del usuario y le permitiría al profesional del derecho competir en mejores condiciones, no obstante, el gremio asegura que la iniciativa de ley que presentaron para su creación, desde el 2015 permanece engavetada en la Asamblea Nacional.