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Eurodiputado exige a la Unión Europea poner fecha a las sanciones contra funcionarios nicaragüenses
Los hijos de la pareja presidencial y el comisionado Ramón Avellán, están en la lista de los funcionarios que el eurodiputado pide sancionar
El eurodiputado José Ramón Bauzá exigió este lunes al Consejo Europeo, poner fecha concreta a las sanciones contra funcionarios nicaragüenses señalados de violaciones de derechos humanos en el contexto de la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua desde abril de 2018.
“La represión no cesa en Nicaragua y día a día me preguntáis por qué no llegan las sanciones de la (Unión Europea) UE. Tenéis razón. Por eso he decidido dirigirme a los que deben dar el siguiente paso, exigiendo que no demoren más la respuesta europea: los Estados miembro”, escribió el eurodiputado en su cuenta de Twitter.
José Ramón Bauzá recordó que la Unión Europea ha aprobado tres resoluciones sobre la crisis de Nicaragua y que en la última, aprobada el 19 de diciembre de 2019, el Parlamento Europeo, acordó adoptar un marco jurídico para la imposición de sanciones para funcionarios involucrados en la represión contra el pueblo nicaragüense, incluidos el presidente Daniel Ortega, su esposa, la vicepresidenta, Rosario Murillo, sus hijos, así como el comisionado de la Policía Nacional, Ramón Avellán.
“Tras resolución del Parlamento Europeo son los países quienes adoptan la lista de sancionados y aplican las medidas. El Consejo Europeo les coordina, por eso también eso exijo a su presidente una fecha concreta para la imposición de las sanciones”, escribió en Twitter el parlamentario europeo, quien además compartió la carta que envió al Consejo Europeo en la que exige la aplicación de las sanciones.
En la resolución el Parlamento Europeo además se pide al Gobierno de Daniel Ortega, reformas electorales que garanticen unas elecciones libres y transparentes, retomar el diálogo, que se respeten los derechos humanos, se ponga fin a la represión, que se libere a todos los presos políticos, se desmantelen los grupos parapoliciales y se regresen los medios de comunicación confiscados en 2018.
La resolución fue aprobada con 560 votos a favor, dos en contra y 63 abstenciones.
