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Comunidades indígenas de Nicaragua piden al Gobierno liberar su territorio de colonos
También piden el cumplimiento de la Ley 445
Por años las comunidades indígenas han demandado al Estado que libere sus territorios ancestrales de los colonos armados, quienes han llegado a invadir estas áreas protegidas para adueñarse de ellas a través de las armas.
"Demandamos al Estado y al gobierno de Nicaragua que cumpla con la etapa de saneamiento de acuerdo a la Ley 445 en su artículo 45, pero hasta estas alturas el Gobierno no se ha preocupado. Ahí tenemos el título (de propiedad) pero sin cumplir con esa etapa de saneamiento es como que no tenemos nada", afirmó Pedro Justo Jacobo, líder territorial Mayagna Sauni As.
En 2018 un informe de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua (Apian), señaló que “la omisión estatal en realizar la etapa de saneamiento y la ilegal imposición de los Gobiernos paralelos para desarticular las instituciones tradicionales y así debilitar su organización y resistencia, tiene relación directa con las invasiones armadas y violentas que actualmente ejecutan los colonos en territorios indígenas y afrodescendientes de las regiones Autónomas de la Costa Caribe y en la Zona del Régimen Especial de Nicaragua”.
Mientras las comunidades indígenas continúan esperando una respuesta del Gobierno, los colonos siguen aniquilando a estos pueblos, la última masacre ocurrió a finales de enero de este año. Cuatro indígenas de Alal, comunidad Mayagna Sauni As, fueron asesinados por colonos y 12 de sus viviendas quedaron quemadas.
"La situación es grave en la comunidad, muchas familias han quedado con ese dolor por la pérdida de esas vidas humanas. Dos (de los indígenas) que salieron golpeados, uno todavía no se ha recuperado porque fue en la cabeza que le dieron y consideramos que esa persona no va a quedar normal, está casi inválido", expresó Jacobo.
Karla Sequeira, abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), afirmó que interpondrán formal denuncia ante la Policía Nacional y la Fiscalía General de la República para que se investigue esta matanza, pues agotarán la vía administrativa para llevar la denuncia ante instancias internacionales.
Sequeira señaló además que notificarán de la situación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
