Congelar tarifas de servicios básicos, la petición de organización de defensa al consumidor
Nicaragua no ha implementado ninguna medida ante la emergencia mundial por el coronavirus
El congelamiento de la tarifa energética y agua potable, es lo que ha solicitado la Consultoría de Gestor al Consumidor (CGC) debido a la grave situación económica que enfrentan muchas familias, generada por la pandemia del coronavirus en el país.
La CGC dirigió este miércoles una carta a la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal) en la que solicita a dicha entidad congelar el costo del servicio de agua potable "para aliviar un poco la situación económica" que muchas familias tenían desde la crisis social iniciada en 2018.
Garantizar el acceso al vital líquido para hacer frente a la pandemia, sobre todo en aquellas zonas dónde comúnmente no hay servicio de agua potable, es de suma urgencia para que la población pueda prevenir el contagio del virus, según la CGC.
"Solicitamos que oriente a la empresa Enacal, la no suspensión del agua potable a las viviendas en el territorio nacional y llevar agua a las comunidades con mayor frecuencia de por lo menos 18 horas y suplir la necesidad del agua con pipas donde no se encuentre el sistema hídrico (tuberías)”, señaló la organización en la carta.
A su vez, la CGC ha solicitado a Enacal considere negociar la deuda que tienen algunos usuarios del servicio, tomando en cuenta su situación económica actual.
En lo que respecta al ente regulador del servicio de energía eléctrica, la petición es que se congele el precio de la tarifa energética para las viviendas, pymes y asentamientos, además, que “se oriente a la empresa Disnorte-Dissur “la no suspensión de energía” a estos usuarios y se facilite la negociación de las deudas que tienen con la empresa algunos usuarios del servicio.
En la región, gobiernos como el de El Salvador, han ordenado diversas medidas temporales para proteger a sus ciudadanos frente a los efectos de la pandemia del coronavirus en la economía familiar.
Bukele, ordenó la suspensión del pago de servicios básicos, teléfono, internet, cuotas de créditos hipotecarios, pagos de crédito de vehículos, de tarjetas de crédito, pago de renta de viviendas y locales comerciales, créditos hipotecarios entre otros.