Nicaragua cumple dos años de resistencia cívica

Dos años después Nicaragua continúa recuperándose de los efectos de la lucha cívica que generó un cambio social, económico y político en el país.

Luego de un intento de reforma a la seguridad social anunciada por el Gobierno, un grupo de manifestantes expresaron su rechazo a esta medida que afectaría el nivel de vida de los asegurados y pensionados, un rechazo que inició en Managua y se extendió a los diversos departamentos, donde jóvenes y ancianos se levantaron para decir “no” a esta reforma que buscaba aumentar las cotizaciones para trabajadores, empresas y estado y deducir el 5% a los pensionados.

El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP denunció en ese entonces que esa reforma no contó con el consenso de la empresa privada.

Al ver la respuesta de parte del Gobierno contra los manifestantes que rechazaban esta medida económica, estudiantes de diversas universidades decidieron salir a las calles y atrincherarse dentro de los recintos como forma de protestas.

Los enfrentamientos en las calles no se hicieron esperar, en diversos puntos del país miembros de la Policía Nacional empezaron a reprimir cada manifestación, plantón o protesta de quienes se levantaron contra el Gobierno por esta medida. Pero así como aumentaban las protestas, también aumentaban los números de fallecidos, heridos y personas desaparecidas.

La lucha tuvo un giro, la demanda no era por la reforma al seguro social que había sido abolida por el mismo Ejecutivo, sino por las muertes y los heridos en las manifestaciones.

A mediados de mayo de 2018 se instaló la primera mesa de Diálogo Nacional conformada por el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia; esta última conformada por representante de sectores empresariales, sociedad civil y estudiantes universitarios. Los mediadores fueron los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua liderada por el cardenal Leopoldo Brenes.

Cuando inició este proceso de diálogo Nicaragua llevaba 29 días de protestas y una cifra que superaba la 60 muertes de civiles.

En la hoja de ruta, se proponía la celebración de elecciones en marzo del 2019, la renuncia de los integrantes del poder electoral y la instauración de una nueva ley para la conformación de partidos políticos, sin embargo el acuerdo hizo que este proceso no tuviera resultados un mes después de haber iniciado.

A mediados de Junio, organismos internacionales contabilizaban cerca de 200 víctimas en medios de manifestaciones contra el Presidente Daniel Ortega. El 24 de junio del 2018, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH a través de un equipo técnico del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua Meseni, llegó a Managua para levantar un informe de la situación.

La situación de Nicaragua fue observada y analizada por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, el Grupo interdisciplinario de expertos independientes GIEI, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Oacnudh y Human Rights Watch.

Todos los organismos coincidieron que durante el 18 de abril del 2018 a agosto del 2019 se contabilizaron más de 300 fallecidos por las protestas antigubernamentales entre niños, niñas, adolescentes y 21 oficiales de la Policía Nacional, más de 2 mil heridos, más de 400 trabajadores de la salud despedidos, más de 144 estudiantes universitarios expulsados por participar en las protestas y más de 100 mil exiliados nicaragüense por represión gubernamental, según el último reporte de la agencia de la ONU para refugiados Acnur, siendo Costa Rica el primer destino de estas personas, seguido de Europa, Panamá y México.

El 27 de febrero del 2019 Nicaragua busca una segunda oportunidad a través de una mesa de diálogo, esta vez conformada por cinco miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y cinco miembros del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional con el Cardenal Leopoldo Brenes y el Nuncio apostólico Stanislaw Waldemar Sommertag como testigos.

Durante este proceso se avanzó en la liberación de más de 100 personas consideras presos políticos que algunos llevaban procesos judiciales por terrorismo como parte de una ley que aprobó la Asamblea Nacional durante la crisis, para enjuiciar a los protestantes, además se acordó el regreso seguro de exiliados a Nicaragua (algo que ni se ha cumplido hasta el momento) y se logró reactivar la economía de manera paulatina.

A pesar que esta segunda mesa de negociación no obtuvo el resultado en las demandas de adelanto de elecciones presidenciales, algunos consideran que se logró avanzar en el respeto a los derechos humanos y eliminar los procesos judiciales contra los presos políticos.

Durante estos dos años Nicaragua ha sido escenario en mesas internacionales como el Organismo de Estados Americanos (OEA) donde se realizaron diversas sesiones para aplicar la Carta Democrática por incumplimiento a resoluciones y acuerdos. También hubo sesiones en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Según estimaciones del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) esta crisis le costó al país 1,300 millones de dólares, que equivale al 10% de la economía nicaragüense y que afectó a unos 400 mil nacionales con desempleo, puestos menos remunerados o en la informalidad, mientras datos del Gobierno indican que el país perdió 205,4 millones de dólares y más de 119,000 puestos de trabajo.

A dos años de la crisis, José Pallais, integrante de la Coalición Nacional Azul y Blanco, quién participó en el Diálogo Nacional, dice que ahora es momento de recordar a las víctimas y seguir demandado la liberación de los presos políticos.

"Esa experiencia nos enseña que debemos continuar unidos, que debemos continuar solidarios más aún enfrentar a una pandemia (el coronavirus) y con un Gobierno ineficaz que no está garantizando el derecho a la salud y menos aún el derecho a la vida... por lo que la necesidad del cambio continúa vigente", señaló Pallais.

Antonia Urrejola, relatora especial para Nicaragua de la CIDH, recordó que las protestas en Nicaragua iniciaron como una demanda de los estudiantes y que dos años después, los nicaragüenses han demostrado su capacidad para resistir.

"Como comisionada de la CIDH y como relatora para Nicaragua, les puedo decir que no están solas, no están solos. Los equipos de la CIDH monitorean día a día lo que ocurre en el país y ello es posible gracias a una estrecha relación con la sociedad civil y especialmente con las víctimas. Nuestro trabajo es, entre otros, contarle al mundo lo que pasa en Nicaragua y hemos hecho eso gracias la propia sociedad nicaragüense que nos ha permitido registrar con una precisión impresionante, los hechos de esta crisis, que tanto dolor y sufrimiento ha traído", enfatizó Urrejola.

De acuerdo con la CIDH, en los últimos meses en Nicaragua se viene consolidando una nueva etapa de la represión desplegada por el Estado.

"Hoy, a diferencia de las etapas anteriores de la crisis, en que hubo más personas asesinadas y más personas presas, es mucho más difícil protestar que antes, es mucho más difícil emitir opiniones y hacer labor de prensa o defensa de derechos humanos que antes. La sociedad civil y sus libertades están más limitadas para actuar que nunca antes. La Comisión Interamericana considera que la represión ejecutada por el Estado en esta etapa, es más intensa y sistemática, que el ataque a las libertades públicas ocurrido, desde el inicio de la crisis", destacó la funcionaria.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo también se refirió a los dos años de crisis de Nicaragua y exigió al Gobierno hacer una transición que permita "una Nicaragua libre".

"Hace dos años, la gente de Nicaragua se levantó pacíficamente para pedir un cambio. Desafortunamente, sus llamados a la libertad y la transparencia fueron respondidos solo con balas. Ortega y la vicepresidente Murillo deben proporcionar una transición demodemocrática y una Nicaragua sana, próstera y libre", escribió Pompeo en su cuenta de Twitter.