Pobladores de comunidades de Mozonte temen quedarse sin agua ante incendios y despale

Pobladores de la comunidad Arados, ubicada en el municipio de Mozonte, departamento de Nueva Segovia, temen quedarse sin abastecimiento de agua potable mientras el país sufre los estragos del coronavirus, por tal razón demandan que se frene el despale de pinos en la cordillera de Dipilto-Jalapa.

Con carteles en mano, los afectados organizaron un plantón a orillas del camino rural que conduce a la reserva natural Serranías de Dipilto-Jalapa para demandar al Gobierno ordene la cancelación de permisos forestales que hasta ahora han dejado secos los ríos cercanos, producto de la tala de pinares en esa zona.

"Queremos agua, queremos que estos despales se detengan", demandó un comunitario en un video divulgado en Youtube.

Según Hazley Tourniel Rivera, miembro del Movimiento Ambientalista Mogotón, detrás de este despale está Melvin Ortez Beltrán, ex alcalde del municipio de San Fernando, quien tiene una concesión maderera en el lugar conocido como "La Explosión", ubicado sobre la cuenca del río San Fernando, que abastece de agua a los municipios de San Fernando, Telpaneca, Ciudad Antigua y sus comunidades.

En una carta dirigida a Javier Gutiérrez, vice ministro del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena), el Movimiento Mogotón solicitó a esta institución la cancelación de la concesión maderera para el ex vice alcalde, amparados en la Ley 647 en la que se estableció a la cordillera de Dipilto-Jalapa como área protegida y de veda permanente.

"Este permiso forestal contempla la extracción de los pinares en una zona especial de recarga hídrica, básicamente sobre el río San Fernando de Nueva Segovia. Nueva Segovia está en agonía con el agua señores, por eso estamos pidiendo de una manera formal, con principios de ley que este permiso forestal sea totalmente vetado", afirmó Tourniel.

En su carta, los ambientalistas señalan que el ex vice alcalde violenta los derechos de los comunitarios al acceso al agua ya que tiene una finca ubicada justamente en la zona de recarga hídrica del río San Fernando, lo que contradice lo establecido en la resolución 64/292 de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Como alternativa para liberar esta zona de extracción maderera, los ambientalistas han sugerido además de la cancelación de la concesión forestal, que debido a la ubicación de la finca del ex edil, el Estado le indemnice por prestación de servicios forestales.

Los incendios forestales que sólo en abril de este año consumieron más de 2,000 hectáreas de pinos en la reserva, es otra de las preocupaciones de los comunitarios y organizaciones ambientalistas.

"Es una alarma darnos cuenta que Mozonte, Dipilto y la zona norte está siendo estremecida por una pandemia de incendios forestales", lamentó Freddy Hernández, de la organización Jóvenes Ambientalistas.

El activista pidió a las autoridades del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), el Ministerio Agropecuario y Forestal de Nicaragua (Magfor), así como al Instituto Nacional Agro Forestal (Inafor) a que no permitan más "impunidad a este tipo de situaciones ya que, de seguir así lo que va a generar son conflictos sociales desde la comunidad local".

Hernández lamentó que aunque Nicaragua cuente con una buena legislación en materia de protección ambiental, la aplicación de la misma es ineficaz ya que "poco se sabe de las sanciones que aplica el Marena y las otras instituciones responsables ante la ley de velar por la preservación y el cuido de los recursos naturales.

"Exhortamos a cada una de estas instituciones a que no les tiemble el pulso. Que apliquen con firmeza lo que está contemplado en la normativa para la protección de los recursos naturales y del ambiente en este país", dijo Hernández.