Al menos 53 abogados y notarios de Nicaragua han muerto por coronavirus, afirma Unanic

La Unión de Abogados y Notarios de Nicaragua (Unanic) en colaboración con otras organizaciones de abogados del país, informaron de manera preliminar a través de un comunicado, que hasta el 10 de junio de este año, fallecieron 53 profesionales del derecho y notarios públicos, en el marco de la crisis sanitaria por el Covid-19.

Dichas organizaciones basan esta información en un monitoreo realizado entre el gremio, según explicó vía telefónica Geovanni Silva, miembro de la Unanic.

"Al día de hoy 10 de junio registramos 53 colegas abogados y notarios fallecidos. Al finalizar mayo, Unanic y otras asociaciones hermanas de abogados presentan un subregistro de 33 colegas (abogados y notarios) fallecidos (casos que de una u otra forma han llegado de forma extraoficial a nuestras manos por voces de colegas, redes sociales u otras fuentes)", aseveró la organización en su comunicado.

Unanic detalló que durante los primeros 10 días del mes de junio, registraron "20 colegas muertos, es decir, un promedio simple de dos colegas fallecidos por día" y a su vez advirtieron que "de mantenerse esta situación, asumiendo un comportamiento constante, al finalizar junio de 2020, la cifra podrá rondar entre 93 y 98 colegas abogados y notarios muertos".

De acuerdo al comunicado, fuentes extraoficiales les informaron que en la Dirección General de Registro y Control de Abogados y Notarios Públicos (Dgrcanp) de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hay un registro de 75 profesionales del derecho fallecidos en este periodo.

"Esta situación es sumamente alarmante, el gremio de abogados, al igual que el resto de la población del país, médicos, personal de enfermería, maestros, estamos siendo expuestos, ante la conducta irracional de los gobernantes. Es inadmisible que los registros oficiales del Minsa revelen 55 personas fallecidas por Covid-19; entonces, ¿Son sólo abogados los que han fallecido? ¿Y qué pasa con los otros gremios? Es decir, ¿Tampoco toman en cuenta los 58 fallecidos en las filas del partido de Gobierno?", cuestionó la Unanic.

Boanerges Fornos, abogado penalista y coordinador de la organización Acción Penal, señaló que, aunque el poder judicial ha aplicado algunas medidas de prevención en los juzgados, estas todavía "son insuficientes para garantizar la seguridad, la vida y la salud de los colegas, de los usuarios que visitan los distintos complejos judiciales y también de los funcionarios del poder judicial".

Por su parte, la abogada Yonarqui Martínez mostró su preocupación por la exposición permanente que está sufriendo el gremio al contagio del virus en los complejos judiciales del país ya que en algunos casos, sobre todo si se trata de presos políticos, no los trasladan al juzgado con la debida protección.

Martínez recomendó al poder judicial valerse de herramientas tecnológicas con las que ya cuentan, para realizar las audiencias y juicios en línea con el fin de evitar el contagio.

Fornos, por su parte coincide con la Unanic en que la CSJ debe suspender los términos judiciales y se reprogramen las audiencias y juicios tanto en materia penal, civil y laboral y "sólo atender aquellos casos penales cuando existen detenidos".

Julio Montenegro, abogado y director ejecutivo de la organización Defensores del Pueblo también se sumó a las muestras de preocupación en torno este tema e instó al poder judicial a tomar las medidas pertinentes para proteger la vida.

"Hay una situación ahí siempre precaria en relación con los cuidos que debe tenerse con el caso de los procesados, quienes no andan desprotegidos, no andan alcohol en gel, en algunos de los casos no andan mascarillas y eso pues, de alguna manera pone en riesgo tanto a los presos políticos, presos comunes, al personal judicial que a veces anda con lo mínimo de los equipos de protección. No se toman por ejemplo las medidas de desinfección de lo que son los escritorios o muebles que hay en los juzgados, esa ha sido la experiencia que hemos tenido", manifestó Montenegro.

Al respecto, José Antonio Espinoza, abogado de Defensores del Pueblo, señaló que lo que ellos como abogados han estado practicando en las audiencias y juicios de presos políticos a las que asisten, es solicitarle permiso al judicial a cargo para facilitarles mascarillas y guantes a sus defendidos a lo que los judiciales han accedido, pero "una vez que termina la audiencia, las personas del Sistema Penitenciario le ordenan a los reos que se quiten la mascarilla y los guantes".