Imagen referencial / Cortesía
Ampliación de subsidio para vivienda social no llega en el mejor momento, afirma economista
Experto asegura que actualmente la población nicaragüense tiene otras preocupaciones
La reciente aprobación de reformas a tres leyes para ampliar el subsidio directo que otorga el Estado para la compra o mejoramiento de vivienda de interés social, no necesariamente estimulará el acceso a la vivienda ya que llega en el momento menos indicado, según el economista Luis Murillo.
Si bien las reformas aparentemente buscan mejorar la situación de acceso a la vivienda que existe en el país, ampliando de 2,000 a 3,500 dólares el subsidio, Murillo asegura que en el actual contexto económico, social y sanitario es difícil lograr este objetivo "porque muchas de las familias han perdido su empleo y a pesar que modificaron (en la ley) el punto del salario de la construcción a un promedio del resto de sectores de la economía, muy difícilmente las personas van a poder acceder a una vivienda porque ahorita con el problema de la pandemia van a tener que priorizar los gastos básicos de comida, educación, salud", sostuvo.
Murillo advierte además que los cambios aprobados a la ley estimularán "una competencia con las urbanizadoras y los bancos que financian los recursos, y no va a mejorar la situación de acceso".
Otra de los cuestionamientos que plantea el economista es de dónde obtendrá el Gobierno recursos para garantizar la ampliación y otorgamiento del subsidio.
"Vamos a ver con cuántos niveles de riesgo se van a enfrentar y si no es una estrategia para colocar el dinero en el mediano y largo plazo. A mí me gustaría ver la reacción que tienen las urbanizadoras que están en el Cosep (Consejo Superior de la Empresa Privada) ante estas medidas porque esto significa una competencia directa con sus clientes, programas y proyectos", señaló Murillo.
El experto planteó esta inquietud partiendo que las reformas aprobadas establecen que el Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur) anualmente someterá a revisión el precio de la venta final de la vivienda de interés social para el consumidor.
