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Senado de EE.UU. ratifica resolución para presionar al Gobierno de Nicaragua
La resolución también solicita al Gobierno dar respuesta a la población ante la pandemia
El Senado de Estados Unidos ratificó este miércoles de forma unánime, una resolución para ejercer mayor presión política y económica contra el Gobierno de Nicaragua, para encontrar una respuesta a la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018.
La resolución que había sido promovida por un grupo de tres senadores y aprobada el pasado 3 de junio, y solicita a las autoridades nicaragüenses que restablezcan la democracia y los derechos humanos.
“Estamos expresando el sentido del Senado de que Estados Unidos debería continuar apoyando a la gente de Nicaragua en sus esfuerzos pacíficos para promover la restauración de la democracia y la defensa de los derechos humanos, y usar las herramientas bajo la ley de los Estados Unidos para aumentar la presión política y económica sobre el gobierno de Daniel Ortega” expresa el documento.
La resolución original tuvo varias enmiendas, donde se incluyó el tema de la crisis sanitaria que vive el país y se demandó la liberación de los presos políticos que tienen síntomas de coronavirus.
“Más de una docena de personas que permanecen detenidas después de ser arrestadas por participar en las protestas de 2018 ahora han demostrado síntomas consistentes con Covid-19”, resalta el documento.
El Senado estadounidense además instó al Gobierno de Donald Trump a alienar las sanciones para que se garanticen reformas electorales que permitan la celebración de elecciones libres, justas y transparentes.
La resolución además señala que el Gobierno de Nicaragua “ha restringido severamente la libertad de prensa cerrando cinco estaciones de televisión locales, atacando estaciones de radio independientes, deteniendo arbitrariamente a periodistas".
El Senado estadounidense hizo un llamado al Gobierno de Daniel Ortega a liberar de inmediato a todos los presos políticos, a respetar los derechos constitucionales, instar a la comunidad internacional a responsabilizar al gobierno de Ortega por abusos contra los derechos humanos y restringir su acceso a financiación extranjera, así como investigar y sancionar a todos los funcionarios que se han visto involucrados en la represión en contra del pueblo.
