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Doctores que acusan a la Asociación Médica no han presentado pruebas
Abogados creen que la acusación podría ser falsa
La denuncia que interpusieron los médicos Guadalupe Ruiz Joya y Rubén Darío Flores, en contra de la Asociación Médica Nicaragüense (AMN), podría ser catalogada como "infundada", ya que no cuentan con pruebas, afirman abogados independientes.
Según Julio Montenegro, coordinador del grupo de abogados Defensores del Pueblo, los médicos acusan a la AMN de daños morales por supuestamente darlos como fallecidos por el coronavirus, sin embargo, no presentan dictámenes médicos que certifiquen los supuestos daños.
Según Julio Montenegro, de ser una acusación falsa, los médicos denunciantes podrían ser sancionados por injurias y calumnias o acusación falsa, ambas contempladas en el Código Penal, causa por la que podrían enfrentar hasta cinco años de cárcel.
Montenegro explicó que la Asociación de Médicos, comprobó que infografía donde se anuncia la muerte por coronavirus de ambos doctores, no poseía sus logos oficiales, por lo que no descartan esta imagen se filtró a propósito para acusar a la AMN.
“Se les está acusando a tres directivos de los médicos, por lesiones psicológicas, para esto tendría que haber un dictamen médico legal, porque hay algunas técnicas para evaluar el supuesto daño provocado, yo no creo que un médico se afecte por una noticia de su supuesta muerte, si ellos se preparan para recibir este tipo de noticias y darlas”, dijo Montenegro.
La abogada Carla Sequeira, asesora legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), manifestó que además debería existir algún dictamen del Instituto de Medicina Legal (IML), que certifique el supuesto daño causado a las víctimas.
“Es una clara amenaza a todos los médicos independientes, a los que les quieren enviar el mensaje de que si siguen hablando acerca del mal manejo de la pandemia, serán condenados en un juzgado por brindar consejos a la población de cómo protegerse ante el covid-19”, enfatizó Sequeira.
La asesora legal de la CPDH, dijo que de momento el proceso debe estar en una coordinación entre el Ministerio Publico y la Policía Nacional.
