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En Nicaragua antes de las protestas ya existían presos políticos, afirman organizaciones
Según estos colectivos al menos 10 personas son presos políticos desde antes de las protestas
Antes del estallido social de abril 2018, en Nicaragua ya habían al menos 10 presos políticos, uno de ellos, privado de libertad desde el año 2011, según el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + y el Grupo de Reflexión Excarcelados Políticos (Grex).
Ambas organizaciones aseguraron que estos datos fueron obtenidos a través de un proceso de "investigación, constatación, documentación y construcción de expedientes individuales".
Los 10 presos políticos a los que se refieren ambas organizaciones son: Marvin Vargas, Wilfredo Balmaceda Castrillo, Walter José Balmaceda Ruíz, Eddy Antonio Gutiérrez Delgadillo, Jairo Antonio Obando Delgadillo, Leonel Antonio Poveda Palacios, Zacarías Isabel Cano Angulo, Rosendo Antonio Huerta Gonzales, José Ricardo Cortez Dávila y José Oliver Meza Raudez.
"Desde antes de abril de 2018, el sistema de justicia de Nicaragua ha sido utilizado para criminalizar y judicializar las protestas sociales y la disidencia en el país. Tales son los casos de 10 nicaragüenses que fueron detenidos, procesados y condenados de forma arbitraria e injusta por estar vinculados a protestas sociales o bien por su participación en grupos políticos", aseguraron.
En su comunicado, tanto el Colectivo como Grex concluyen que las detenciones de estos 10 ciudadanos fueron ejecutadas sin que hayan cometido delito, por motivaciones políticas y por haber ejercicio sus derechos fundamentales, todo esto son "elementos que dan cuenta del cumplimiento de criterios consistentes con el concepto de preso político acogido por el Consejo de Europa".
Wendy Flores, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, detalló que todas estas detenciones se registraron con las mismas características, pues "los detenidos eran trasladados desde sus municipios hasta Managua, donde fueron llevados a las celdas policiales de la Dirección de Auxilio Judicial (El Chipote), permanecieron aislados, sin acceso a familiares, abogados defensores, sometidos a golpes e incluso actos de torturas, funcionando como mensajes que paralizaron las movilizaciones o protestas ciudadanas.
Sin incluir a estos 10 casos, en Nicaragua organizaciones civiles y de derechos humanos ya contabilizaban más de 80 presos políticos que fueron detenidos en el contexto de la crisis política que inició en abril y que todavía permanecen tras las rejas.
