CIDH realiza audiencia en caso de Dina Carrión

Luego de más de una década de la muerte de Dina Carrión, sus familiares continúan demandando al Estado de Nicaragua una investigación transparente y exhaustiva de modo que se garantice un verdadero acceso a la justicia en este caso.

Desde que se hizo pública la muerte de Carrión, sus familiares aseguran que esta fue víctima de femicidio a manos de su ex esposo Juan Carlos Siles Saravia. La victima fue encontrada muerta en el patio de su casa en abril de 2010.

El cuerpo de Dina, presentaba golpes en el rostro, en la sien, nariz, y escoriaciones en las manos, según denunció su familia.

Este testimonio y denuncia de la familia de Carrión, fue brindado este jueves en una audiencia especial y virtual en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se abordó la presunta responsabilidad del Estado de Nicaragua respecto a los hechos relacionados con la investigación por la muerte de Carrión, así como la actuación de las autoridades en relación a los derechos de sus familiares.

Una vez concluida esta audiencia, la CIDH deberá informar si admitirá o no este caso y establecerá las recomendaciones al Estado de Nicaragua relacionadas con el acceso a la justicia para la víctima y las reparaciones que correspondan.

“Las diligencias realizadas en la Policía del distrito nos dijo que era suicidio, ellos aseveraron siempre que era suicidio, el padre de Juan Carlos al siguiente día que yo fui a la casa de ellos me dijo nervioso que Dina tenia la parafina en sus manos, yo dije: cómo es posible que este señor sepa al día siguiente sobre esto. Asimismo lo verificó la fiscal auxiliar de distrito Verónica Nieto, determinando que era un suicidio basado en el expediente policial, el dictamen de Medicina Legal y la declaración de Juan Carlos”, señaló Aída Carrión, hermana de la víctima.

A pesar que el señalado aseguró no haber tocado a Carrión, la familia de la víctima manifestó que el Instituto de Medicina Legal no pudo explicar ante la autoridad judicial a quién pertenecían las machas hemáticas que presentaba Siles en su camisa, zapatos y short que portaba el día que ocurrieron los hechos.

Haciendo uso de la libertad probatoria, la familia de Dina Carrión presentó apelación a ese dictamen y contrató dos peritos internacionales, uno de criminalista de Estados Unidos y un médico forense de Guatemala.

“Ellos todos coincidieron en que ( la muerte de) mi hija había sido producto de un asesinato, no era un suicidio, ella no se había matado por todas las pruebas que ahí se especificaban conforme al cadáver. El cadáver fue encontrado y lo que nosotros vimos cuando nos entregaron el cadáver”, afirmó Aida Luz González, madre de Carrión.

En base a ese nuevo dictamen, “la fiscal departamental resolvió un año después revocación a resolución del suicidio, ordenando ampliar la investigación por el delito de parricidio a la Policía, al laboratorio de criminalística y el Instituto de Medicina Legal porque habían más de 25 inconsistencias, otorgando un plazo de 90 días, estos 90 días se extendieron hasta un año y medio después”, según la hermana de la víctima.

Debido a esta retardación, la familia de Carrión envió constantemente cartas para que se agilizara el proceso, incluso recurrieron a realizar múltiples plantones con el apoyo de organizaciones de mujeres, interpusieron denuncias ante instituciones públicas que son parte del sistema de justicia, pero éstas “nunca fueron tramitadas ni investigadas”.

Aunque el Ministerio Público en 2013 pretendió reabrir este caso, ha pasado un año desde que fue archivado luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolviera a favor de un recurso de amparo que sometió Siles Saravia ante el alto tribunal.

Desde la muerte de Carrión, a sus familiares sólo se les permitió tener contacto con el hijo de esta en tres ocasiones, actualmente tienen 6 años sin poder verlo.

“Mi hermana le tenía mucho miedo a él (a Saravia) mi hermana vivía amenazada que él le iba a quitar al niño, entonces, ella no denunciaba todas las agresiones. Nosotros nos damos cuenta hasta que ella había muerto, porque las personas que trabajaban alrededor de ella, la domestica y las personas que trabajaban en la serigrafía nos vinieron a contar todas las agresiones y las violencias que ella había padecido durante el matrimonio: Le daba fajazos, la bajaba a patadas de las gradas del segundo piso”, relató Aida Carrión.

Para Aida Luz González, madre de la víctima, el no tener acceso a la justicia en el caso de su hija y además no poder ver a su nieto ha sido un calvario que a su familia los ha desgastado emocional, mental, física y económicamente durante estos 10 años.

“Hemos gastado para poder encontrar esa justicia por nuestra hija y por la relación con el niño, hemos gastado hasta lo que no teníamos, prestamos dinero para pagar los abogados, los peritos, es más hipotecamos nuestra casita donde fueron criados nuestros hijos”, relató.

González denunció en la audiencia en la CIDH que el caso de su hija ha quedado en la impunidad por supuestas “influencias que tiene Juan Carlos Siles Savaria con personas influyentes en el Gobierno.

“Primeramente que son familiares con la ex comisionada Aminta Granera de la Policía, mantienen un parentesco familiar, el señor Carlos Siles, un abogado muy influyente se puede decir, es muy amigo del director de Medicina Legal. Las influencias políticas por parte de Arnoldo Alemán, que trabajaron juntos, él fue asesor de Alemán en la Asamblea Nacional tengo entendido, y también todas las instancias legales, en todos los juzgados él tiene conexiones”, afirmó González.

En la audiencia especial realizada este jueves en la CIDH, el representación del Estado de Nicaragua fue el gran ausente pese de haber sido invitado.

“Es lamentable que el Estado permanentemente le señala a la CIDH que esta sesgada, que no escucha las distintas opiniones pero cuando hay espacios para poder escuchar también a la posición del Estado en distintas materias, el Estado nunca está y es lamentable porque no pueden acusar después que somos sesgados si ni siquiera participan en estos procesos donde la bilateralidad es vital”, expresó Antonia Urrejola, vicepresidente de la CIDH y relatora por Nicaragua ante este organismo.

Por su parte, Wendy Flores, del Colectivo de Derechos Nicaragua Nunca +, manifestó que el caso de Dina Carrión, es sólo una muestra que los casos de violencia hacia la mujer.

“Hay mucha impunidad, hay muchos femicidios en nuestro país y realmente las leyes que están actualmente no garantizan. El hecho de que esté establecida una Ley Integral Contra la Violencia Hacia la Mujer no ha garantizado que las víctimas obtengan justicia”, declaró Flores.