Si la OPS dijo que las vacunas contra el Covid-19 serían gratis para Nicaragua, ¿por qué el Gobierno insiste en préstamos?

Aunque la Organización Panamericana de la Salud (OPS) tomó la decisión de entregar gratis la vacuna del Covid-19 para 10 naciones en América Latina, entre ellas Nicaragua, el Gobierno comunicó la solicitud de un préstamo de 107 millones de dólares al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la adquisición de estas dosis.

Lea: Estos son los 10 países de América Latina que no pagarán por una vacuna contra el Covid-19

El doctor Álvaro Ramírez, epidemiólogo, explicó que esto demuestra un mayor interés del Gobierno por adquirir la vacuna proceden de Rusia en lugar de cualquier otra que se desarrolla en estos momento y que sería gratis para Nicaragua pues de esta manera podrán venderla a la población y “ejecutar un negocio rentable” en medio de la crisis sanitaria.

“Veamos lo que pasó con los test de Covid-19 donados, estos se están utilizando para cobrar entradas y salidas del país a 150 dólares, así que probablemente estos préstamos estén orientados a comprar una vacuna rusa, que es seguro lo que se quiere establecer en el país a fin de venderlas”, enfatizó Ramírez.

Según el epidemiólogo, no sería la primera vez que el Gobierno a través del Ministerio de Salud (Minsa) hace un mal uso de los recursos donados para combatir la pandemia del coronavirus. El experto ejemplificó que anteriores donaciones de la OPS, como los equipos médicos de protección, nunca se supo cuál fue su paradero.

“Vemos hasta el momento un Minsa sin la intención de establecer un programa de vacunación nacional que pueda ayudar a los más vulnerables, a los que estén con mayor riesgo de contraer el virus y complicarse. Esa falta de atención es la política que el Gobierno ha venido siguiendo en años anteriores, no sorprendería que incluso las vacunas que sean donadas al final se comercialicen en Nicaragua”, manifestó Ramírez.

Para el experto, el problema radica en que la OPS no tiene la potestad de fiscalizar la utilización de estas vacunas y exigir un programa nacional de vacunación una vez las envíen al país.

“La OPS no tiene ningún mecanismo de vigilancia, ni de monitoreo, ya que es un organismo asesor internacional y que no tiene ninguna jurisprudencia para imponer sanciones o controles dentro del manejo que le pueda dar el Gobierno a estas vacunas, lo único que pueden hacer es aconsejar que sean utilizadas para beneficio de la población, pero no tiene ninguna forma directa de controlar su distribución para que se haga un buen uso de las mismas”, finalizó.