Cosep denuncia nuevos requisitos en Impuesto a la Matrícula por parte de la Alcaldía de Managua

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), denunció que en la tramitación del Impuesto de Matrícula para este 2021, que de forma discrecional y arbitraria la Alcaldía de Managua están exigiendo nuevos requisitos que no están contemplados ante el Plan de Arbitrio de Managua.

Según el Cosep, ahora la municipalidad está exigiéndoles registro mercantil, constancia de urbanismo y un aval ambiental.

“La anterior exigencia implica costos adicionales de trámites de actividades que no aplican en lo general y supone un alto riesgo de contagio de Covid-19, puesto que además ahora dicho trámite debe ser presencial”, se pronunció el Cosep en un comunicado.

Ante estos nuevos cobros, los agremiados del Cosep demandaron se respete la Constitución Política, que en base al artículo 98, compromete al Estado de Nicaragua al respeto a la seguridad jurídica de las empresas.

“Demandamos seguridad plena para las empresas y simplificación de trámites que permitan reducir las barreras de entrada a la formalidad, faciliten el desempeño de las empresas formales del país y reduzca los costos para hacer negocios en el país, por lo que rechazamos el cambio arbitrario en la tramitación del Impuesto de Matrícula”, finalizó el Cosep.

El pago del Impuesto de Matrícula es obligación de toda persona natural o jurídica que en la circunscripción del municipio de Managua se dedica a la venta de bienes, industrias o prestación de servicios proporcionados por profesionales o no profesionales. El pago se debe efectuar anualmente, explicó el Cosep.

Selin Figueroa, concejal del Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), explicó que para que estos impuestos sean legales debían antes incluirlos en el Plan de Arbitrio Municipal, acción que solo se puede realizar en la Asamblea Nacional mediante una reforma y con las propuestas de la municipalidad.

“Tiene que ejecutarse mediante una propuesta dentro del Consejo Municipal que hasta hoy no ha llegado, pero además de eso para que se pueda formalizar también tiene que pasar a la Asamblea Nacional, que es la única que está autorizada para poder hacer una reforma, esto lleva un proceso, pero recordemos que esta administración (del presidente Daniel Ortega) por el control férreo que tiene en todas las instituciones se aventura a crear esas arbitrariedades en contra de los ciudadanos previo a legalizar toda acción”, dijo Figueroa.

El concejal manifestó que con esta medida la comuna capitalina busca "tapar" el hueco financiero que dejó el año pasado el Impuesto Municipal sobre Ingresos (IMI), por el cierre de empresas.

Según Figueroa, son aproximadamente 15% menos de IMI los que dejó de percibir la Alcaldía de Managua el año pasado, esto en comparación al 2019.

El aval ambiental, según el concejal, es una ordenanza municipal desligada del Impuesto de Matrícula de acuerdo a la Ley que se creó para financiar el cuido del medio ambiente en la capital.

“Se cobra aparte de la matrícula para recaudar fondos para estar financiando el cuido del medio ambiente, pero realmente eso es una responsabilidad de la municipalidad y al final antes la financiaban con la misma recaudación la municipalidad, ahora con esta ordenanza se trata que el mismo contribuyente vaya a financiarlo, pero en esencia el aval ambiental no podría estarte reteniendo el tema de la renovación de tu matrícula”, expresó Figueroa.

Estas medidas irán encaminadas, según el funcionario edilicio, a reducir más el deseo de invertir en el país por nuevas cargas de impuestos.

Roger Arteaga, exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), consideró que esto va en contra de la intención de los organismos multilaterales de América Latina que por los últimos 20 años han intentado reducir los trámites para que los contribuyentes puedan y tengan más ánimos de registrarse a pagar sus impuestos.

“Aquí la intención de la Alcaldía es entorpecer el trámite y recaudar más impuestos a empresas que están pasando una situación muy difícil, esto no está ayudando en nada a la reactivación económica del país”, agregó Arteaga.

El reclamo del Cosep, según Arteaga, es justo pues estas decisiones están al margen de la Ley y deberían ser revocadas por la Alcaldía.

“A esto se le suma que los trámites tienen que hacerse de manera personal y eso obliga a que los dueños de empresas tengan que ir a meterse a lugares donde hay más de 10 personas a la vez y eso significa un riesgo de contagio por el Covid-19”, finalizó.