Foto Jimmy Romero / VOS TV
Abogado recomienda interponer recurso de amparo a quien se le cobre cada tres meses la residencia
La iglesia católica manifiesta que a sacerdotes extranjeros se les está pidiendo renovar la residencia cada tres meses
Ante los señalamientos que han interpuesto sacerdotes extranjeros contra la Dirección General de Migración por no renovarles su residencia por tres años, como está estipulado en la ley, el abogado José Antonio López, procurador laboral, afirma que estos pueden interponer un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en contra de la institución.
El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), confirmó que al menos 20 sacerdotes extranjeros que ofrecen sus servicios en el país, ahora tienen que renovar su residencia cada tres meses y no cada cinco años, como estipula la ley.
“La residencia estaba por cinco años, pero no es exclusivamente para sacerdotes, sino que, para todos los extranjeros, incluso me comentaban que con los diplomáticos también, pero no tengo conocimiento, es una norma para todos los extranjeros, aún laicos, y como es una norma para todos entramos nosotros”, dijo Brenes.
La iglesia católica se refirió a que en la diócesis de Matagalpa y Juigalpa, se han expulsado a sacerdotes a los que no se les ha renovado su residencia.
El último caso fue de Fray Javier Lemus Aguilar, a quien, según la iglesia, el Ministerio de Gobernación prohibió el ingreso al país el pasado 11 de febrero.
Ante esta situación, López afirma que Migración está violando la Ley 761, Ley General de Migración y Extranjería, ya que dicha normativa jurídica en su artículo 58, establece que la vigencia de la residencia a extranjeros se debe renovar cada cinco o un año, (dependiendo el pago que el solicitante realice) y no por tres meses, como denuncian los sacerdotes.
Conforme a la última actualización de los costos de trámites migratorios, la residencia temporal anual tiene un costo de US$200 y la residencia permanente por cinco años, US$500.
“Estos extranjeros deben hacer uso de la justicia constitucional y poner un recurso de amparo contra el director de Migración y Extranjería. Me supongo que esta orden vino desde más arriba que es la ministra de Gobernación, también contra ella, de esta manera se le estaría pidiendo la suspensión del acto, es decir volver a los cinco años que establece la ley”, mencionó López.
Hasta el momento, la Dirección General de Migración y Extranjería no ha emitido ningún documento oficial que estipule que el tiempo de renovación de residencia ha cambiado.
López además explicó, que las personas afectadas sino reciben una respuesta con el recurso de amparo, también pueden denunciar el caso ante CSJ.
“Estas personas que están siendo afectadas pueden interponer una denuncia en materia penal, porque el artículo 130 de la Constitución Política te dice que nadie tiene más atribuciones que la ley te da y ellos (Migración y Gobernación) no son la Asamblea Nacional para reformar de facto una ley, (cambiar el tiempo de renovación de la residencia)”, aseveró López.
