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ONU: "Las libertades cívicas siguen oprimidas en Nicaragua 3 años después de las protestas"
El Gobierno de Nicaragua rechazó ante el Consejo de Derechos Humanos el informe de Michelle Bachelet.
Las restricciones que impone el Gobierno de Nicaragua a las libertades de expresión, asociación y participación política continúan, a pesar de los casi tres años transcurridos desde las protestas ciudadanas que sacudieron el país, resaltó Michelle Bachelet en la presentación de su informe sobre la crisis nicaragüense ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Bachelet anotó que recientemente se han adoptado nuevas leyes contrarias a las libertades fundamentales de los nicaragüenses, cuyo "espacio cívico y democrático" sigue reduciéndose.
La comunidad internacional ha intentado en los últimos años presionar al Gobierno para que relaje la represión y respete el Estado de Derecho, pero los resultados han sido escasos.
La alta comisionada dijo, que su oficina ha documentado 117 casos de acoso, intimidaciones y amenazas por parte de agentes de la policía o agentes progobierno contra estudiantes, campesinos, activistas políticos, y organizaciones de víctimas y de mujeres.
Asimismo, se tiene constancia de otros 34 casos de "intimidación, amenazas, criminalización y campañas de desprestigio contra medios de comunicación y periodistas considerados "opositores".
Aunque las acciones del movimiento cívico se han reducido en gran medida por la pandemia-, Bachelet sostuvo que las detenciones arbitrarias han proseguido, con la característica de que la mayoría son de breve duración.
Fuentes de la sociedad civil en contacto con la oficina de Bachelet afirman, que más de 100 personas continúan privadas de su libertad por razones políticas.
La represión en Nicaragua se ha extendido a las comunidades indígenas, que enfrentan la invasión de sus tierras y ataques violentos de los colonos, relató.
Mientras tanto, Bachelet manifestó también que las violaciones de los derechos humanos que se produjeron durante las protestas de 2018 siguen impunes, lo que incluye la muerte de más de 300 personas.
En el segmento del Consejo de Derechos Humanos consagrado a Nicaragua también hubo un reconocimiento por parte de Bachelet de que el Gobierno de Ortega está intentando aumentar el gasto social y contener la crisis, que comenzó con la desestabilización política de hace tres años.
La situación empeoró con la llegada del coronavirus, las restricciones que la pandemia requirió y el paso por este país de los huracanes Eta y Iota, el pasado noviembre.
Bachelet lamentó que el Gobierno no haya aplicado las recomendaciones que le hizo llegar como resultado de un informe anterior de su oficina, en el que constataba igualmente abusos de derechos humanos sin resolver, en particular, en el área de las libertades políticas.
Frente a esto, la alta comisionada volvió a pedir al presidente Daniel Ortega que permita que sus colaboradores entren al país para realizar una evaluación directa de la situación, en particular en el contexto electoral de cara a las elecciones generales previstas para el próximo 7 de noviembre.
Bachelet dijo, que desea aportar asesoría técnica a Nicaragua para que se garanticen las libertades públicas durante este ciclo electoral.
Por su parte, el Gobierno de Nicaragua ante los señalamientos del informe de Bachelet, aseguró que es “unilateral, parcializado y carente de objetividad.
“Debe someterse a imparcial revisión el funcionamiento de estos organismos que han perdido independencia u objetividad y continúan sirviendo como caja de resonancia de los apetitos y voracidades que fundamentan la agenda política interventora e invasora con que hoy se definen y caracterizan las prácticas expansionistas en términos de dominio político y asfixia económica impuestas por las potencias imperiales, coloniales y neocoloniales”, afirmó el representante de Nicaragua ante la ONU.
