Ambientalistas denuncian ante la CIDH el despojo de sus personalidades jurídicas y confiscaciones
Fundación del Río y Fundación Popol Na realizaron realizarán una denuncia ante la CIDH.
La cancelación de sus personalidades jurídicas y confiscación de sus bienes en diciembre de 2018 es la denuncia que presentarán en conjunto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Fundación del Río y Fundación Popol Na contra el gobierno del presidente Daniel Ortega.
Tanto Fundación del Río como Fundación Popol Na forman parte de una larga lista de organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales que en 2018, año en que estalló la crisis sociopolítica en Nicaragua, fueron despojadas de sus estatus legal por ser promotores de un supuesto “intento fallido de golpe de Estado”.
La denuncia ante la CIDH, se suma a los recursos por inconstitucionalidad que ambas organizaciones han presentado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Nicaragua por el despojo de sus personalidades jurídicas y confiscaciones, las cuales no han prosperado en dicha instancia del Gobierno.
En el caso de Fundación del Río, ésta incluso recurrió en dos ocasiones con recursos de amparo en contra del Ministerio de Gobernación por este mismo caso.
Ambas organizaciones esperan que tras elevar su denuncia ante el alto tribunal de derechos humanos se abra camino a un proceso de audiencias en las que podrían ser llamados a comparecer todas las partes involucradas incluyendo a una representación del Estado de Nicaragua.
“Esperamos que la petición o demanda internacional que hoy estamos presentando ante la CIDH, en medio de este mar de graves violaciones a los derechos humanos que sufre la población nicaragüense, se reviste y se le dé importancia por haber logrado documentar y demostrar, incuestionablemente, los síntomas y consecuencias del letal virus (del Gobierno) Ortega-Murillo y su intento de enterrar, asfixiar y desaparecer a la sociedad civil, la democracia y sus derechos”, denunció Mónica López Baltodano, directora de Fundación Popol Na.
“No sólo decimos que defendemos derechos sociales y ambientales, sino que estamos haciendo valer el derecho a defender el derecho, sobre todo el de la libertad de asociación de nosotros y los nicaragüenses”, secundó Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río.
Dentro de las confiscaciones que ordenó el Gobierno del presidente Daniel Ortega contra estas dos organizaciones, están seis propiedades y 454 manzanas de bosques ubicados en dos terrenos rurales que pertenecen a Fundación del Río, en esta última propiedad, dicha organización desarrollaba proyectos de reforestación y regeneración natural.
Estos patrimonios le fueron expropiados a la Fundación del Río en agosto de 2020 y fueron ejecutados a través de la Procuraduría General de la República (PGR) y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), según denunció Ruiz.
