Foto Archivo / VosTV
Crece la violencia en el contexto electoral de Nicaragua, según observatorio
Policía Nacional y simpatizantes gubernamentales cometen 279 delitos de violencia política en un mes, según informe.
Los casos de violencia en el contexto de las elecciones generales de noviembre próximo en Nicaragua sumaron 279 en el lapso de un mes y medio, entre el 1 de abril y el 15 de mayo pasados, informó el grupo independiente Urnas Abiertas.
Entre los principales hechos de violencia relacionados con el proceso electoral, Urnas Abiertas registró 178 casos de hostigamientos, 36 agresiones, 27 retenciones, 15 amenazas, 14 detenciones, seis lesiones y tres procesos judiciales.
Al menos 267 personas fueron "víctimas identificadas" de la violencia dirigida en su mayoría por la Policía Nacional (85,51 % de casos) o grupos sandinistas "contra organizaciones, medios de comunicación, o partidos políticos", de acuerdo con la agrupación.
“La forma de hostigamiento que más se repite es la presencia policial afuera de las casas de habitación de las personas opositoras. En algunos casos se reportaron, otra vez, que oficiales de la Policía indicaron que la víctima tenía prohibido salir de su vivienda, estableciendo casa por cárcel de facto, ya que ninguna de estas personas cuenta con dichas medidas cautelares”, señala un documento del observatorio.
Los casos de violencia reportados en el informe de Urnas Abiertas se suman a otros 323 registrados entre octubre y marzo pasados, para totalizar 602 sucesos violentos en el contexto de las elecciones previstas para el 7 de noviembre.
Según el grupo observador, en los dos últimos meses el ambiente electoral de Nicaragua se ha caracterizado por "hostigamiento a liderazgos de organizaciones políticas", un "acceso parcializado al derecho de reunión", y por el "uso de recursos públicos en la precampaña electoral por parte del partido de Gobierno".
Los recursos públicos a los que hace referencia el informe provienen de las llamadas Unidades de Victorias Electorales (UVE).
El reglamento de ética del Consejo Supremo Electoral (CSE) señala que está “prohibido el uso de bienes, propiedad del Estado, para fines de propaganda electoral”, sin embargo, según Urnas Abiertas, el Gobierno viola este apartado con las UVE, que cada viernes se reúnen en diversos edificios gubernamentales.
Según el medio El 19 Digital, las UVE tienen como compromiso “fortalecer las estructuras vivas del FSLN, por el bienestar del pueblo, garantizando el acompañamiento y servicio a las familias”.
“Funcionarios públicos se reunieran mientras se encontraban en horario laboral utilizando instalaciones públicas con fines político-electorales, a pesar que el artículo 107 de la Ley Electoral lo prohíbe”, señaló el informe de Urnas Abiertas.
El observatorio evidenció un "acceso parcializado y politizado al derecho a la libertad de reunión, derecho fundamental para el desarrollo de un proceso electoral libre, justo, creíble, legítimo y transparente", por lo que recomendó al Estado permitir "a las organizaciones de oposición reunirse de manera libre”.
