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Nicaragua violó dos acuerdos internacionales al dar ciudadanía a expresidente Sánchez Cerén, según abogado
Abogados introdujeron un recurso de amparo contra la nacionalización de el expresidente de El Salvador
El grupo de abogados Defensores del Pueblo introdujo un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de la nacionalización del expresidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, pues consideran que no cumplió con el debido proceso para la obtención de este beneficio.
El abogado José Antonio López, integrante de los Defensores del Pueblo, explicó que no se cumplió con varios artículos de la Ley 761, Ley de Migración y extranjería de Nicaragua, y no se especificó en la resolución de la nacionalización cada uno de los requisitos cumplidos.
Según López, el expresidente de El Salvador incumplió con el artículo 53 de la Ley 761 porque no tenía de uno a cuatro años de estar en el país para obtener la nacionalidad.
“El Salvador tiene reportes migratorios que señalan que Cerén salió el 5 de diciembre del año 2020, pero ya el 30 de julio le dan la nacionalidad según La Gaceta Diario Oficial la nacionalidad. Para ese entonces, el señor tenía apenas 237 días en el país, es decir, le faltaban 128 días para cumplir el año, esa es una de las inconsistencias que encontramos”, dijo López.
El especialista aseguró que no se cumplió con el artículo 26 acerca de los residentes temporales porque no se señala bajo qué figura migratoria ingresó al país en su documento de nacionalización.
“No observamos bajo qué figura, según el artículo 26 de la ley en los residentes temporales, el señor Cerén y su familia entró a Nicaragua. No sabemos si lo hicieron como estudiantes, religiosos, artistas, deportistas, asilados, no se refleja en su nacionalización, no se dice y no se cita”, argumentó el abogado.
López aclaró que otra forma de obtener la nacionalidad, según el artículo 55, era demostrando que era un inversionista.
Estas personas pueden adquirir la nacionalidad cuando acrediten permanencia de 2 a 3 años.
"Te lo dice el mismo artículo 55, cuando ejercen alguna actividad que amplía el desarrollo económico de Nicaragua puede acceder a la nacionalidad, pero tampoco vimos en La Gaceta que estas personas sean inversionistas y contribuyan al país”, manifestó López.
El abogado recordó que Nicaragua es firmante de dos convenios internacionales en los que se compromete a no brindar asilo político y la nacionalidad a personas acusadas por delitos comunes.
“No sé si el señor director de Migración y Extranjería, Juan Emilio Rivas Benites, a la hora de emitir la resolución no tomó en cuenta los dos tratados, uno que firmó el expresidente Enrique Bolaños que está vigente, y el otro que es desde el año de 1887 y que te hablan ambos que no puede dársele asilo ni ningún tipo de recurso a aquellas personas que estén siendo señalas por robo o peculado”, finalizó López.
Desde el pasado 28 de julio, Sánchez Cerén es prófugo de la justicia de El Salvador, acusado por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito mientras estuvo en el cargo de vicepresidente durante el Gobierno de Mauricio Funes.
Junto a Sánchez Cerén recibieron la nacionalidad su esposa, Rosa Margarita Villalta; su hija, Claudia Lissette Sánchez Villalta; y su nieto Juan Carlos Guardado Sánchez.
Este 5 de agosto también recibieron la ciudadanía su nieta Sofía Margarita Guardado Sánchez y su esposo Carlos Arnoldo Pacheco Alas.
