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Esta es la propuesta de Defensoría del Consumidor para reducir intereses anuales
Los defensores de los consumidores proponen una reforma en la Asamblea Nacional de la Ley de Fomento de las Microfinanzas.
La Defensoría del Consumidor prepara una propuesta de reforma a Ley 769, Ley de Fomento de las Microfinanzas, para que se estipule un límite de intereses anuales a cobrar para los usuarios y emprendedores que acceden a financiamientos, pues aseguran que estas deudas están ahogando a los ciudadanos.
Juan Carlos López, director de Defensa del Consumidor, explicó que la propuesta es que al menos los intereses anuales que ganan la microfinancieras no sobrepase los 45% y que eso quede estipulado en la ley, tras una reforma en la Asamblea Nacional.
“El promedio actual es de 75% a 80% de intereses corrientes anuales los que están ganando, estamos hablando qué es una cifra muy exagerada con respecto a las economías pobres que tiene nuestro país, por ejemplo, un emprendedor que quiere y necesita 20,000 córdobas, casi va a pagar al año 17,000 córdobas de intereses”, dijo López.
Según la Defensoría del Consumidor, también buscan con esta reforma regular a los prestamistas particulares, quienes al trabajar sin legalizarse imponen intereses de más de 20% mensual y podría ser considerado como delito de usura.
El defensor de los consumidores, refiere que hay prestamistas que no están inscritos en el registro mercantil, como manda el marco jurídico y no tienen ningún permiso para ejecutar este tipo de labores.
“Pero prestan hasta a dos o hasta cinco personas y ni siquiera están inscritos como prestamista y los intereses sobrepasan lo que jurídicamente está aprobado, cobran hasta un 20% de intereses mensual a los usuarios, estamos hablando que ahí ya hay usura”, manifiesta López.
La idea, según López, es que mediante el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific) y el departamento de delitos económicos de la Policía Nacional, puedan atender estos casos cuando en realidad se demuestre que hay usura.
Según el Código Penal de Nicaragua, en su artículo 263 cataloga la usura, como el delito que lo comete quien a cambio de préstamo u otra obligación jurídica, en cualquier forma, para sí o para otros, cobre intereses u otras ventajas pecuniarias o haga otorgar recaudos o garantías superiores a las tasas de interés establecidas en las leyes de la materia.
El delito será penado con prisión de uno a cuatro años y de cien a mil días multa.
Hasta lo que va de junio del 2022, la Defensoría del Consumidor contabilizan en promedio unas 1,500 denuncias de usura.
