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EE.UU., sanciona a funcionarios de Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador
El Gobierno norteamericano acusa a todos los sancionados de actos de corrupción, según nota de prensa
El Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) sancionó a 13 nicaragüenses funcionarios del Gobierno de Nicaragua, entre autónomas y diputados de la Asamblea Nacional, a quienes les acusa de supuestos actos de corrupción.
También sancionó a ciudadanos de Guatemala, Honduras y El Salvador, todos acusados de supuestos actos de corrupción.
"Corrupción relacionada con contratos gubernamentales; soborno y extorsión; la facilitación o transferencia del producto de la corrupción, incluso a través del lavado de dinero; y actos de violencia, acoso o intimidación dirigidos a investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales", cita el comunicado emitido por el Gobierno de EE.UU.
La primera en lista fue Wendy Carolina Morales Urbina, actual fiscal general de Nicaragua; Rosa Argentina Solís Dávila , jueza de la corte de apelaciones en la Corte Penal de Apelaciones de Managua; y Ángela Dávila Navarrete, actual jueza de la corte de apelaciones en la Corte Penal de Apelaciones de Managua.
En cuanto a los diputados sancionados están Arling Patricia Alonso Gómez, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional; Gladiz de los Ángeles Baéz, segunda vicepresidenta; Loria Raquel Dixon Brautigam, secretario de este poder legislativo; y Alejandro Mejía Ferreti, tercer secretario.
De la Unidad de Análisis Financiero (UAF), están en la lista Denis Membreño Rivas, director de la institución y Aldo Martín Saénz Ulloa, subdirector.
De la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad (DNR), fueron sancionados Valeria Maritza Halleslevens Centeno, directora y Eduardo Celestino Ortega Roa, subdirector de dicha institución.
Por último han sido incluidas en lista del país norteamericano Marta Mayela Díaz Ortiz, vicesuperintendente de bancos y otras instituciones financieras (SIBOIF) y Sagrario de Fátima Benavides Lanuza , subdirectora del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.
Entre los 10 sancionados de Honduras, esta Alex Alberto Moraes Giron, exgerente administrativo de Inversiones Estratégicas de Honduras, propiedad del estado, quien supuestamente participó en una corrupción significativa al apropiarse indebidamente de fondos públicos durante la pandemia de COVID-19.
De Guatemala está Cinthia Edelmira Monterroso Gómez , actual fiscal en ese país, quien supuestamente socavó los procesos o las instituciones democráticas al presentar cargos penales sin fundamento y con motivaciones políticas contra periodistas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.
De los 6 sancionados en El Salvador, resuena el nombre de expresidente de ese país, Salvador Sánchez Cerén, quien según EE.UU., participó en una importante corrupción al lavar dinero durante su mandato como vicepresidente, recibiendo personalmente más de 1.3 millones de dólares en fondos públicos a cambio, y participó en un esquema para desviar 183 millones dólares en fondos públicos fuera de las cuentas públicas y la supervisión de las cuentas personales mientras se desempeñaba como presidente.
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