Urge crear una normativa que regule a comerciantes que venden rifas
Los comerciantes deben cerciorarse de este tipo de negocios para no incurrir en delitos como lavado de dinero, estafa agravada, entre otros.
La Consultoría del Gestor al Consumidor (CGC) y un experto en Derecho, coinciden en que urge que Nicaragua cuente con una normativa específica que regule a los comerciantes que se dedican a vender rifas populares en barrios y mercados, que además les obligue a estar legalmente registrados ante las autoridades para poder operar, esto para evitar cualquier tipo de estafa o posible lavado de dinero en perjuicio de la población.
“Creo que debe haber una medida para que estos trabajos sean regulados, porque son trabajos independientes y la carencia de empleo formal hace que muchos ciudadanos nicaragüenses tengamos otra opción de trabajo, pero debe ser de forma organizada”, recomendó Rubén Arriola, director de la Consultoría del Gestor al Consumidor CGC.
Arriola insiste en que, debe existir regulación para este sector por parte de la Lotería Nacional para evitar este tipo de problemas, en el que incurren algunos riferos, por falta de organización.
No cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 282 del Código Procesal Penal, significaría para este tipo de negocios ser considerados dentro del ilícito de lavado de dinero, bienes o activos, que son penados entre los cinco a siete años de cárcel, expuso el abogado Norman Moraga.
Mientras que la utilización comercial ilícita de marcas y otros signos distintivos, está penado en el artículo 255 del mismo Código.
El experto recordó que estas personas deben estar reguladas por el Ministerio del Interior, que es el encargado de supervisar estos rubros que captan dinero del público.
“Quienes se dedican a este oficio deben cerciorarse de la mejor manera posible para no incurrir en delitos como la estafa agravada, el lavado de dinero, la prohibición de juego de azar, entre otros”, detalló.
Condenados a 25 años
Este lunes, un grupo de 10 riferos fueron condenados a 25 años de prisión por cometer delito de lavado de dinero, crimen organizado, competencia desleal, utilización comercial ilícita de marcas y otros delitos, en perjuicio de la empresa, una compañía de juegos de azar.
El juez Félix Salmerón, ordenó además el decomiso de sus bienes, vehículos y propiedades. También se le impuso multas individuales que van entre los 8 millones y los 263 millones de córdobas por defraudación fiscal y lavado de dinero.
Los sentenciados son: José Manuel Orochena Barbas, Andy Errol Rodríguez García, Jairo Anderson Durán, Lester Ezequiel Vivas Calero, Joran Antonio Ulloa Reyes, Roberto Javier Vega Delgadillo, Félix Antonio Mondragón García, Jocejel Espinoza Marín, Edén Antonio Ulloa Santana y Amalia Margarita Rocha Rodríguez.
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