Lanchas turísticas deben navegar lo más lejos posible de bañistas, sugiere abogado

La muerte de una joven de 19 años de edad tras ser impactada por una lancha rápida mientras disfrutaba en la playa de San Juan del Sur, debe instar a las autoridades de la Empresa Portuaria Nacional (EPN), Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) y alcaldías a crear de normativas y ordenanzas municipales que regulen, y delimiten la circulación de estos medios de transporte acuáticos, para que no generen riesgo de accidentes para los bañistas en las zonas costeras, propone experto en Derecho Penal, Noel Alonso Cano.

Según el jurista actualmente no hay ordenanzas municipales y normativas nacionales que prohíban la presencia de este tipo de excursiones acuáticas cerca de bañistas y que delimiten las zonas de baño, con las exclusivas para la presencia de lanchas, yates y otros medios de transporte acuáticos con fines turísticos.

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“Deben ser más claros y colocar inspectores en el lugar, puede ser que una lancha navegó muy cerca y debe ser infraccionada por mala maniobra, aunque no causen lesiones, aunque no causen muertes que es lo terrible, pero debe haber control y estar normado a través de documentos, todo municipio costero debería implementarlo”, comenta.

Homicidio imprudente

El conductor de la lancha que provocó la muerte de la joven matagalpina Jennifer Angélica Tapia Urbina, de 19 años de edad, el pasado 19 de mayo, según lo que registra un video, no tuvo el cuidado o pericia al conducir el vehículo acuático.

De acuerdo al Código Penal, en este caso se le pueden imputar el delito de homicidio imprudente.

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“Hay una imprudencia del conductor de la lancha, no toma el cuidado de no acercarse a la playa, lo hace muy rápido, el margen de maniobra de la lancha queda muy escaso y eso ocasiona la colisión en el cuerpo de la turista, no hubo dolo al respecto, no lo hizo con intención, al menos que después de las investigaciones determinen si andaba bajo los efectos del alcohol, esa sería una agravante”, determinó.

El jurista asegura que, en este caso, el dueño de la lancha también debe ser investigado para determinar si tiene algún grado de responsabilidad, e insiste que al no existir dolo en el hecho, familiares de la víctima podrían mediar.

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