El costarricense Eduardo Ramírez Zamora. / Cortesía

El costarricense Eduardo Ramírez Zamora. / Cortesía

A 35 años de cárcel podría ser condenado el costarricense que privó de la vida a nica

Aunque sea declarado un crimen de xenofobia, pena de cárcel es la misma, dice abogada penalista.


Hasta a 35 años de cárcel podría ser condenado el costarricense Eduardo Ramírez Zamora si la justicia de su país lo encuentra culpable del asesinato del nicaragüense Otoniel Orozco Mendoza, a quien supuestamente le propinó 15 impactos de bala que acabaron con su vida.

La abogada penalista Alejandra Salazar explica que esta condena es la máxima para este tipo de delito en Costa Rica y podría ser solicitada por la fiscalía, aunque este caso sea tipificado como un acto de xenofobia y considerado como una agravante.

“El artículo 112 de nuestro Código Penal nos dice en el inciso 11, que a una persona que hayan matado por motivo de odio o causa de su pertenencia a un grupo puede ser condenada, podría indicarse que una de las agravantes podría ser un crimen en razón de la nacionalidad del individuo, que haría la diferencia únicamente en el nombre, por el tipo de agravante de delito, pero la pena seguirá siendo la misma”, considera.

Según la jurista, se podría determinar si se trató de un acto de xenofobia, con la valoración del material probatorio y elementos testimoniales.

“Son elementos documentales y entrevistas de testigos que hablen de situaciones anteriores al delito o posteriores al delito, incluso con los videos que se están aportando como prueba técnica o material”, asevera.

Investigación se puede entorpecer

Salazar detalla que actualmente el proceso judicial está en la etapa de investigación y por ello el sistema de justicia de Costa Rica no puede aportar a Nicaragua ningún informe policial a como lo ha solicitado la vicepresidente Rosario Murillo, sino hasta que exista una sentencia firme.

“En Costa Rica y muchas partes del mundo existe el principio fundamental, que es el principio de inocencia, eso significa que toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, si se entrega de previo el informe policial, se podría incluso entorpecer la investigación, por eso es que no se acostumbra eso”, remarca.

Kenneth Hernández, abogado experto en derecho civil y penal, reconoce que aunque no exista sentencia firme, de momento se puede garantizar la asistencia mutua.

El nicaragüense Otoniel Orozco Mendoza./ cortesía

“Hay un tratado de asistencia mutua en materia penal que se ha aprobado en 1993 por la Asamblea Nacional de Nicaragua y es promovido por la Organización de Estados Americanos (OEA), que consiste en que un estado requirente puede solicitarle a otro estado que es el requerido, cualquier tipo de información en materia penal cuando se vea involucrado alguno de sus ciudadanos”, indica.

“Creen que nicaragüenses llegan a robar trabajo”

La psicóloga Ligia Martínez, explica que, en los casos de xenofobia, la persona con este trastorno manifiesta rechazo y odio al extranjero o migrantes, pero a quien más afecta es al que la recibe.

“Sigue habiendo situaciones xenofóbicas, situaciones de rechazo para los nicaragüenses, porque se piensa que los nicaragüenses llegan a robar trabajo, a robar oportunidades que son propias de los ticos, no se ubican en una situación digamos compasiva y humanitaria hacia personas que han tenido que migrar por razones diferentes, pero que tienen que ver hasta con la seguridad personal”, añade.

Martínez asegura que el clima socioeconómico y político en Latinoamérica podría estar aumentando los casos de xenofobia, puesto que hay poca empatía en algunos ciudadanos en cuanto a las dificultades que atraviesan los migrantes de países vecinos.

El hecho ocurrió la mañana del lunes 3 de junio en el condominio Río Palma, ubicado en Guachipelín, Escazú./ cortesía

Ramírez Zamora pasará tres meses en prisión preventiva por el asesinato, mientras el juicio avanza en la etapa de investigación.

El hecho ocurrió la mañana del lunes 3 de junio en el condominio Río Palma, ubicado en Guachipelín, Escazú, tras una discusión entre vecinos por inconvenientes con una llave de paso del agua. Aunque luego se supo que el corte de agua fue general en la zona, la discusión derivó en el homicidio.

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