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¿Qué sucede con la pensión de alimentos si el padre o la madre está en el extranjero?

Para ello, es crucial contar con una sentencia homologada por el sistema judicial.


El derecho a la pensión de alimentos para los hijos es innegociable, incluso si el padre o la madre reside en el extranjero. Este derecho garantiza que los niños y adolescentes reciban el sustento necesario, independientemente de la ubicación de sus progenitores.

Yessenia Castillo, máster en responsabilidad social, explica que, aunque un padre o madre esté fuera del país, la obligación de proporcionar alimentos a sus hijos persiste. Es crucial contar con una sentencia de pensión de alimentos, homologada por el sistema judicial, para poder exigir su cumplimiento en el extranjero.

Procedimientos legales

Para iniciar el proceso, se debe acudir ante la instancia correspondiente y presentar una demanda de pensión de alimentos. Una vez obtenida la sentencia, el siguiente paso es dirigirse al Ministerio de la Familia, la autoridad central encargada de gestionar el cumplimiento de la Convención del Cobro Internacional de Alimentos. Esta convención permite que los padres puedan ejecutar la sentencia en cualquier país suscrito a dicho acuerdo.

Es importante destacar que el estatus migratorio del padre o madre en el extranjero no afecta la capacidad de exigir el cumplimiento de la pensión de alimentos. La autoridad central del país donde reside el progenitor requerido se encargará de localizarlo y promover la conciliación para asegurar que cumpla con su obligación. Si no se llega a un acuerdo, se procederá con las medidas legales correspondientes según la convención.

Para que el proceso sea efectivo, es fundamental contar con la sentencia de pensión de alimentos y presentar toda la documentación requerida ante la autoridad central. Los trámites incluyen localizar al progenitor en el extranjero y coordinar con las autoridades del país requerido para garantizar el cumplimiento de la sentencia.

Las leyes y convenios internacionales están diseñados para asegurar que este derecho se cumpla, garantizando así el bienestar de los niños y adolescentes.

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