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Un juez en Texas pausó el programa "Parole in Place"
La decisión se toma a diez semanas de las elecciones presidenciales.
El pasado lunes, Campbell Barker, un juez federal en Tyler, Texas, pausó temporalmente el "Parole in Place", tras acoger una demanda hecha por 16 fiscales generales de estados republicanos, que acusaron al gobierno de Joe Biden de evadir la jurisdicción del Congreso y lanzar la medida con propósitos políticos.
Este programa acelera el proceso de obtención de estatus legal para cónyuges extranjeros de estadounidenses, un golpe a la política migratoria de Biden a diez semanas de las elecciones presidenciales, según un artículo que publica Diario Las Américas.
El plan del presidente demócrata anunciado en junio busca beneficiar al menos a medio millón de inmigrantes en Estados Unidos.
Un tema clave
"Las reclamaciones son sustanciales y merecen una consideración más detallada de la que el tribunal ha podido permitirse hasta la fecha", escribió el juez Barker en su orden.
"Keeping Families Together" (Manteniendo a las Familias Unidas) es el programa de Biden, el cual fue lanzado a meses de las elecciones presidenciales de noviembre, en las que la vicepresidenta, Kamala Harris, se enfrentará al republicano Donald Trump. La solución a la crisis migratoria es un tema clave en la contienda.
Dicha medida permite un “parole in place”, una especie de libertad bajo palabra, para que inmigrantes sin estatus legal que estén casados con estadounidenses y que califican para una residencia permanente puedan iniciar sus trámites sin necesidad de dejar territorio estadounidense.
Las reglas se aplican a quienes estuvieron en el país durante al menos 10 años y se casaron con un ciudadano estadounidense antes del 17 de junio de 2024, y también se extienden a aproximadamente 50.000 hijastros de ciudadanos estadounidenses.
Los favorecidos recibirán una autorización para trabajar y el derecho a permanecer en los Estados Unidos por hasta tres años mientras solicitan una 'green card'.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) explicó en un comunicado que la decisión del tribunal "no afecta a ninguna solicitud que haya sido aprobada antes de que se emitiera" el fallo. Aclaró que, aunque no se podrán aprobar nuevas solicitudes mientras la suspensión siga vigente, sí seguirán recibiéndolas, mediante el formulario I-131F.
En tanto, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, uno de los promotores de la demanda, celebró la decisión judicial.
Paxton afirmó que los contribuyentes de Texas estaban financiando decenas de millones de dólares al año en atención médica y otros servicios para estos inmigrantes indocumentados.
Para la ONG Justice Action Center, que representa a algunas familias que se han acogido al programa, "detener un proceso para el que Texas no ha podido proporcionar ni un ápice de evidencia de que dañaría al estado es desconcertante".
"Esto es desgarrador para nuestros clientes y los miles de parejas que esperan beneficiarse de este proceso y poder vivir sin miedo a que su familia sea separada", dijo Karen Tumlin, fundadora y directora de la organización.
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