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Aprueban reforma parcial a la Constitución Política de Nicaragua
La modificación incorpora las figuras de copresidente y copresidenta, entre otros.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este viernes una reforma parcial a la Constitución Política del país, marcando un hito significativo en el panorama jurídico y político de la nación.
Los 91 diputados respaldaron de manera unánime las modificaciones, que abarcan aspectos clave como la estructura del poder ejecutivo, la ampliación del período presidencial y la inclusión de nuevos símbolos nacionales.
Entre las reformas más relevantes está la incorporación de las figuras de copresidente y copresidenta, quienes compartirán el liderazgo del país en los más altos niveles de decisión. Además, el período presidencial será ampliado de cinco a seis años, lo que, según los legisladores, busca proporcionar mayor estabilidad en la administración pública.
Asimismo, la reforma otorga al Ejecutivo mayor control sobre las coordinaciones de los poderes del Estado y permite la creación de la policía voluntaria.
Este nuevo cuerpo busca reforzar las labores de seguridad en el país mediante la participación ciudadana organizada y supervisada por las autoridades, según Filiberto Rodríguez, diputado del FSLN, quien dio lectura a este artículo durante la sesión.
Símbolos patrios
Otro aspecto significativo es la declaración de la bandera roja y negra como símbolo patrio, según el Artículo 13, que señala literalmente lo siguiente “Los símbolos patrios son: el Himno Nacional, las banderas de lucha antiimperialista del General Augusto C. Sandino y de la Revolución Popular Sandinista, las banderas azul y blanco y la rojinegra, y el escudo nacional”.
De acuerdo con la normativa constitucional, las reformas deben ser ratificadas en dos legislaturas consecutivas. Por ello, los diputados tendrán que sesionar nuevamente en enero del próximo año para completar el proceso de aprobación.
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras Cortés, destacó la rapidez y consenso con el que se llevó a cabo este debate.
Asimismo, se detalla que las comunidades de la Costa Caribe podrán seguir ejerciendo su derecho al desarrollo bajo formas de organización propias, preservando sus tradiciones culturales y garantizando el usufructo de sus recursos naturales.
El documento también modifica aspectos de la administración local, incluyendo la ampliación del período de las autoridades municipales a seis años y el fortalecimiento del rol de los gobiernos locales en la gestión de recursos naturales.
Otros cambios abarcan el régimen de autonomía para los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Caribe, así como la regulación de los estados de emergencia, que podrán ser decretados por la Presidencia de la República en casos de catástrofes nacionales o situaciones excepcionales.
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