"Nosotros no hemos enterrado a nadie". Están fueron las palabras explícitas del coronel Marvin Paniagua, jefe del Sexto Comando Regional Militar del Ejército de Nicaragua, en relación a la denuncia pública que ha hecho doña Elea Sara Valle Aguilar, quien asegura que los cuerpos de sus dos hijos, Francisco Pérez Valle, de 12 años, y la adolescente Yojeisel Elizabeth Pérez Valle, de 16 años, fueron sepultados por las fuerzas castrenses en una fosa común, luego de ser masacrados por militares el pasado 12 de noviembre en la comunidad de San Pablo 22, en la Cruz de Río Grande, en el Caribe Sur.

De acuerdo a la versión que brindó el alto mando militar, esta institución nunca cavó una fosa común para enterrar dichos cuerpos a como aseguró días atrás la madre de los dos adolescentes fallecidos.

La institución castrense asegura que entregó los cuerpos a la Policía Nacional para que continuara con las investigaciones correspondientes del caso.

Paniagua brindó estas declaraciones, durante una reunión que sostuvo con productores de los municipios de Río Blanco y Paiwas para abordar el plan de seguridad para evitar el abigeato en la zona, quienes lo presionaron para que se pronunciara sobre este caso. Francisco Pérez, padre de los dos adolescentes asesinados, también fue ultimado a tiros junto a otras tres personas que fallecieron en dicha masacre.

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Mirá lo que dice el Ejército sobre el caso:

Para el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la versión que brindó el Ejército de Nicaragua sobre este caso resulta inconsistente y no la consideran como una postura oficial de dicha institución, pues ocurre 15 días después de que se dio la masacre.

Si es así que se les entregaron en sus manos los cadáveres ( a la Policía Nacional) en todo caso de hizo un proceso de exhumación; ya que la señora Elea Valle nos manifestó que los enterró junto con los comunitarios, y los mismos comunitarios manifestaron que el ejército dio la orientación, dio la orden de que de enterraran todos los mismos cuerpos en una sola fosa, sostuvo Salvador Marenco, asesor legal del Cenidh.