La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha actualizado su cifra de fallecidos durante la crisis en Nicaragua que inició el pasado 18 de abril, la cual se sitúa, hasta el 30 de julio de 2018 en un total de 317 muertes, según la información registrada por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), quienes llevan cinco semanas de trabajo en el país. De acuerdo a la institución internacional, del total de víctimas 21 personas serían policías.

La CIDH también indica que el número de menores de edad (niños, niñas y adolescentes) que murieron durante esta crisis ha aumentado a 23.

El pasado miércoles, la CIDH solicitó formalmente al presidente Daniel Ortega de a conocer la lista oficial que maneja su gobierno sobre la lista de fallecidos. La CIDH extendió esta petición luego de que el mandatario en una entrevista concedida al periodista de CNN Andrés Oppenheimer descalificara el informe de este organismo internacional de derechos humanos, asegurando que “inventan muertos” en relación a la cifra de fallecidos que presentó esta organización en su informe.

“Estos datos que manejan los organismos de derechos humanos, entre ellos la CIDH, no han sido depurados ni verificados. Simplemente son denuncias que reciben y van sumando. Esta comisión (la CIDH) tiene que investigar como lo manda el acuerdo y luego llegar a conclusiones, pero él (Paulo Abrão) llega a conclusiones solo por lo que escucha”, acusó el mandatario.

Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) señaló que el gobierno de Ortega desde el momento que autorizó el ingreso a la CIDH al país tiene la responsabilidad de entregarle la lista oficial de fallecidos que maneja el Estado.

Persecusión a manifestantes

Igualmente, por medio del MESENI la CIDH ha verificado la persecución y criminalización en contra de manifestantes, opositores y personas que participaron en las protesta a partir del 18 de abril; y ha hecho un llamado al Estado de Nicaragua a dar efectivo cumplimiento a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

“La Comisión Interamericana condena todos los asesinatos registrados e insta al Estado de Nicaragua a investigar con prontitud y seriedad cada uno de estos crímenes. El Estado debe llevar un registro actualizado, confiable y transparente de todas las muertes”, expresó la Relatora de país, Comisionada Antonia Urrejola.

En un comunicado, la CIDH detalla que “entre el 19 y 30 de julio, el MESENI recibió información alarmante sobre la activación de prácticas de persecución judicial y criminalización contra las personas opositoras al régimen del Gobierno, manifestantes, estudiantes, activistas y defensores de derechos humanos. En particular, de la información disponible y los testimonios recibidos, la Comisión advierte que tras el levantamiento de tranques en diferentes lugares del país, mediante el uso de la fuerza, las autoridades habrían realizado numerosas detenciones arbitrarias, efectuadas con violencia por grupos encapuchados y armados, que habrían mantenido personas retenidas contra su voluntad. Estas personas reportaron que sufrieron malos tratos antes de ser entregados a comisarías de la Policía Nacional o a Auxilio Judicial, en Managua. Según la información recibida, las personas detenidas no son informadas de sus derechos al momento de la detención, ni de los cargos que se les imputan; no se exhiben órdenes judiciales, ni sus familiares reciben información sobre el lugar al que serán llevados”.

El organismo detalla los casos de Irlanda Jerez, líder de los comerciantes del mercado Oriental; Cristian Fajardo y su esposa María Adilia Peralta, del Movimiento 19 de abril en Masaya y detenidos en Peñas Blancas; así como el caso de los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena.

Detención de menores en El Chipote

El organismo de derechos humanos también señalo que ha recibido sobre la detención de dos menores de edad originarios de Masaya, de 14 y 15 años respectivamente, quienes fueron trasladados a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como El Chipote, donde estuvieron recluidos por cinco días

“De acuerdo con los testimonios recibidos, al momento de ser detenidos y durante su traslado, uno de los niños habría sido víctima de quemaduras de cigarrillo en el cuello y el otro habría sufrido torsiones provocadas por el peso de uno de los captores sobre su cuerpo, con el objetivo de que proporcionaran mayor información sobre otras personas que participaban en los tranques”, resalta la CIDH en el comunicado, donde se expresa la preocupación por la falta de respuesta del Gobierno a la petición de este organismo “para visitar de manera regular y sin limitaciones los principales centros penitenciarios y entrevistarse con los detenidos en el contexto de la actual crisis”.

La CIDH indica que ha sido informada sobre la detención del periodista de Canal 10 en la ciudad de Granada, así como el despido de los trabajadores del Hospital Escuela de León y las notas oficiales del Estado sobre el secuestro del Secretario Político del Municipio El Almendro en el Departamento de Río San Juan y la muerte de la joven brasileña Rayneia Gabrielle Da Costa Lima.

Migración de nicaragüenses

Este organismo también se refirió la migración de miles de nicaragüenses, entre los que se encuentran estudiantes, manifestantes, defensores de derechos humanos, víctimas y sus familiares, quienes han abandonado sus hogares producto de las graves violaciones de derechos humanos que se han registrado en el país

“De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el número de solicitudes de asilo de nicaragüenses ha aumentado exponencialmente en Costa Rica. Actualmente, se presentan un promedio de 200 solicitudes de asilo por día en Costa Rica. Según información de autoridades costarricenses, se han recibido alrededor de 8,000 solicitudes de la condición de refugiado de nicaragüenses desde abril de este año, y otras cerca de 15,000 personas más recibieron citas para su posterior registro debido a que las capacidades nacionales de procesamiento están desbordadas”, cita la CIDH en el comunicado.