El Estado debe garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
CIDH ha otorgado más de 100 medidas cautelares en 3 meses de protestas en Nicaragua
Recientemente, la CIDH otorgó estas medidas cautelares a varios empresarios del sector privado entre ellos: Felipe Arguello, Claudia Neira Bermúdez y Juan Carlos Gutiérrez.
Más de 100 medidas cautelares han sido otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a personas nicaragüenses que han sido amenazadas de distintas formas por individuos afines al gobierno o a instituciones públicas desde el 19 de abril a la fecha.
Monseñor Silvio Báez, arzobispo auxiliar de Managua y los líderes estudiantiles de universidades que han apoyado la lucha cívica fueron de los primeros en recibir este tipo de protección por parte de la CIDH.
Recientemente, la CIDH otorgó estas medidas cautelares a varios empresarios del sector privado entre ellos: Felipe Arguello, Claudia Neira Bermúdez y Juan Carlos Gutiérrez.
Estas medidas también se extendieron para los empresarios Álvaro Vargas, Michael Healy, Juan Sebastián Chamorro, y José Adán Aguerri, quienes son parte del Diálogo Nacional en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, junto a ellos también le fueron otorgadas medidas cautelares a sus familias.
Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permante de Derechos Humanos (CPDH) destacó que sólo a esta organización la CIDH ha otorgado 14 medidas cautelares para defensores de derechos humanos que han recibido amenazas por realizar su labor de promotoria.
“Ha habido muchas solicitudes y lógicamente esto refleja las constantes amenazas que de una u otra manera estamos recibiendo. Estamos siendo hostigados, estamos siendo asediados y es parte de la preocupación que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para prevalecer, y al menos garantizarle la protección de la vida a las personas que estamos siendo amenazadas y hostigadas por grupos afines al gobierno".
La falta de cumplimiento del Estado a estas medidas cautelares es otro tema que no deja de preocupar a quienes están más expuestos a las amenazas, según Carmona.
“El Estado está obligado, es una obligación, porque cualquier situación que le llegue a pasar a estas personas sin la protección del Estado sería una situación grave para Nicaragua; porque si aún con una resolución se niega a brindarle esa protección, el Estado se vería en un serio problema de una condena internacional, y de la misma CIDH de no proteger el derecho humano de las personas a las que les ha sido otorgadas medidas cautelares", finalizó.
