Presentan recurso de inconstitucionalidad contra presidente Ortega y Gustavo Porras por promover ley antiterrorismo

Organizaciones civiles presentaron este lunes 10 de septiembre un recurso de inconstitucionalidad en contra del presidente de la República, Daniel Ortega, y del presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, por haber promovido la Ley 997, Ley Contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Con su aprobación, la Ley antiterrorismo como es popularmente conocida, mandó a reformar los artículos 394 y 395 del Código Penal de Nicaragua para ampliar la definición de terrorismo y financiamiento de terrorismo.

Alberto Novoa, excontralor general de la República, explicó que “estos artículos reformados, son de los que se llaman de tipo penal abierto, que tienen una apertura enorme y que permite al juez una gran discrecionalidad para poder calificar la conducta como prohibida y adecuarla al tipo de terrorismo”.

Novoa añadió además que la reforma aumentó a 15 años la pena por el delito de terrorismo, “las penas del terrorismo son altas, y por lo tanto menoscaba los derechos, la pena la agrava mucho más y la conductas las amplía, queda a discreción judicial, y como ya sabemos el proceso judicial (en Nicaragua) está empleado como arma política, entonces, esta arma política es muy dura”, sostuvo.

Esta modificación deja a discrecionalidad de los jueces inhibir derechos consignados en la Constitución Política de Nicaragua como el de manifestación, movilización o reunión pacifica.

“Hoy nos pueden acusar de terroristas por el simple hecho de sacar una chimbomba azul y blanco, por el hecho de que usted ejerza la solidaridad de llevarle alimentos a un preso político. O sea, hay tantas maneras en que están interpretando la ley, y la manera en que reformaron esta ley lo deja a una discrecionalidad increíble cuando hemos visto que muchos jueces y juezas tienen una gran falta de ética, un desapego a la ley y a la Constitución de la República”, manifestó Haydeé Castillo.

El recurso fue presentado ante los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia en Pleno, quienes tendrán la tarea de someterlo a revisión en un tiempo no determinado.

Aunque las expectativas de que este recurso prospere en el alto tribunal son pocas, las organizaciones civiles aseguran que es un paso más para recurrir ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Alberto Novoa, excontralor, aseguró que en el hipotético caso de que la Corte declare inconstitucional la Ley antiterrorismo, los juicios y condenas que se han realizado en contra de civiles manifestantes desde abril a la fecha podrían ser anulados.

“Se pueden declarar nulos (los juicio y condenas) cuando haya voluntad política”, aclaró Novoa.